El litigio entre Joyvio —matriz china de la salmonera Australis— e Isidoro Quiroga no ha terminado. A principios de julio, la compañía acudió nuevamente al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) para iniciar un nuevo arbitraje contra el empresario chileno, apenas días después de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago anulara el fallo que lo obligaba a pagar una millonaria indemnización.
El CAM Santiago acogió a tramitación la solicitud. El equipo legal de Joyvio, coordinado por los abogados Alberto Eguiguren y Jorge Bofill, sumó a Cristián Conejero, socio del estudio Cuatrecasas, para reforzar la estrategia litigante. Como coárbitro, la defensa del conglomerado propuso a la juez árbitro Sabina Sacco, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con experiencia en arbitrajes de inversiones y una maestría en derecho cursada en Harvard durante su paso por la oficina White & Case.
Según personas ligadas al caso, el CAM Santiago fijó el 3 de agosto como plazo para que la defensa de Quiroga —liderada por Cristóbal Eyzaguirre, socio de Claro & Cía.— presentara su propio coárbitro.
El fallo anulado y su lógica
El 24 de junio, en una decisión dividida, los ministros Guillermo de la Barra y la abogada integrante Catalina Infante determinaron la anulación del laudo arbitral, con el voto disidente del ministro Fernando Valderrama. El argumento de la mayoría fue preciso: el tribunal arbitral había acogido una acción distinta de la interpuesta por Joyvio. «La sentencia arbitral no es congruente con la descripción del caso que las partes hicieron y, consecuentemente, se configura la causal de nulidad», señaló la Corte.
El laudo anulado, dictado a mediados de 2025 por los árbitros Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes —con el voto de los dos primeros—, no había acogido ninguna de las peticiones originales de Joyvio, pero sí condenó a Quiroga a pagar US$ 217 millones más intereses, completando un monto de casi US$ 300 millones. El razonamiento del tribunal fue que el valor real de Australis debió haber sido de US$ 692 millones y no de US$ 920 millones, considerando la capacidad productiva efectiva de la empresa, por lo que aprobó un ajuste de precio.
Los montos en disputa
Joyvio había activado el arbitraje en enero de 2023. En su demanda original solicitó la restitución de casi US$ 900 millones por la compraventa de la salmonera —vendida en 2019— o, en su defecto, el pago de compensaciones por US$ 620 millones. El reclamo central fue que Quiroga y sus ejecutivos ocultaron información de sobreproducción de la compañía, inflando artificialmente su valor.
Los abogados de Joyvio sostienen ahora que la Corte de Apelaciones solo anuló la sentencia, no el proceso arbitral completo, razón por la cual buscan que se designe un nuevo tribunal arbitral y el caso se resuelva en el fondo.
Lo que está en juego
Conviene mirar los incentivos. El caso Joyvio-Quiroga no es solo un litigio corporativo de alta cuantía: es una prueba de estrés para la institucionalidad arbitral chilena. Que el mecanismo de resolución de disputas funcione con predictibilidad y coherencia procesal —sin que un fallo sea anulado por incongruencia entre la acción demandada y lo resuelto— es una condición básica para que Chile mantenga su atractivo como plaza de inversión extranjera directa, incluida la china.
El dato importa más que el ruido. Una disputa que supera los US$ 900 millones en pretensiones originales, resuelta con un laudo dividido y luego anulada por razones formales, no transmite la señal de certeza jurídica que el país necesita proyectar. La historia sugiere cautela: los procesos que se reinician desde cero rara vez son más rápidos ni más baratos para ninguna de las partes.
