La Cámara Baja de Japón aprobó el viernes pasado un proyecto de reforma a la legislación de la Casa Real con el propósito de garantizar el número de miembros que la integran, según informó NHK World Japan. Si la Cámara Alta también da luz verde, la nueva normativa impediría que una mujer ascienda al trono aunque ocupe la primera línea sucesoria, al tiempo que abriría la posibilidad de adoptar descendientes varones de hasta 11 antiguas ramas imperiales de la dinastía Yamato.
La iniciativa llega impulsada por el gobierno conservador de Sanae Takaichi, que asumió en 2025, y representa un giro respecto a los debates de principios de siglo, cuando la escasez de herederos varones había generado propuestas para permitir el acceso femenino al trono. Esa ventana se cerró en 2006, cuando el príncipe Akishino —hermano del actual emperador Naruhito— tuvo un hijo, el príncipe Hisahito, eliminando de facto las aspiraciones de la princesa Aiko como heredera.
En la actualidad, la Casa Imperial está compuesta por el emperador Naruhito y otros 15 miembros. Según la Ley de la Casa Imperial vigente, la sucesión se da por línea masculina. Solo tres miembros son elegibles para el trono y únicamente el príncipe Hisahito pertenece a la generación más joven, lo que explica la inquietud institucional ante la falta de sucesores potenciales a mediano plazo.
La reforma también modificaría una práctica que ha marcado la vida de varias princesas: actualmente, las mujeres que contraen matrimonio con plebeyos deben abandonar la Casa Imperial y perder todo estatus. El caso más conocido en años recientes es el de la princesa Mako, prima de la princesa Aiko, quien se casó en 2021 y debió comenzar una nueva vida en Nueva York, según documentó el medio español El Mundo. Con la nueva legislación, las mujeres casadas podrían conservar su estatus y residir en la institución, aunque sus descendientes no tendrían derecho al trono.
En cuanto a la línea de sucesión futura, el proyecto permitiría la adopción de descendientes varones por línea masculina de antiguas ramas imperiales. Los adoptados directos no podrían ascender al trono, pero sí sus hijos varones, lo que ampliaría el reservorio de candidatos sin alterar el principio de sucesión masculina.
La dinastía Yamato acumula, según la fuente, 2.600 años de historia ininterrumpida, una continuidad sin parangón entre las monarquías del mundo. El debate sobre su futuro no es menor: combina demografía, tradición y diseño institucional en proporciones difíciles de separar.
Conviene mirar los incentivos. El gobierno Takaichi opta por preservar la legitimidad histórica de la institución antes que adaptarla a criterios de equidad de género promovidos desde organismos internacionales. Es una decisión soberana, adoptada por un parlamento electo, sobre la forma de una institución que no ejerce poder ejecutivo pero sí cumple una función de cohesión nacional difícil de cuantificar. El dato importa más que el ruido: la reforma no recorta derechos civiles de ninguna ciudadana japonesa; regula una institución singular cuya razón de ser es, precisamente, la continuidad. Que esa continuidad se garantice mediante adopción de ramas extintas antes que mediante la modificación del principio sucesorio revela una lógica conservadora coherente: cambiar lo mínimo necesario para que lo esencial permanezca.
