El Parlamento japonés aprobó este viernes una reforma de la ley de sucesión imperial que introduce ajustes técnicos para preservar la línea masculina, pero cierra expresamente la puerta a que una mujer pueda convertirse en emperatriz. La votación en la Cámara Alta se saldó con amplia mayoría a favor.
Las modificaciones autorizan la reincorporación a la familia imperial de parientes masculinos lejanos mayores de 15 años, siempre que sean solteros, pertenecientes a 11 familias que salieron del registro imperial tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Su antepasado común con el actual emperador se remonta al siglo XV y se encuentra, según la Agencia de la Casa Imperial, «a una distancia de 36 a 38 grados de parentesco». Los hijos de esos varones serían elegibles para ascender al trono. La reforma también pone fin a la práctica de que las mujeres pierdan su estatus real al casarse con un plebeyo, aunque sus hijos siguen sin poder convertirse en emperadores.
El contexto dinástico es apremiante. El futuro de la Casa Imperial —que según la mitología desciende de la diosa Amaterasu y acumula 1.500 años de historia— depende en la práctica de una sola persona: el príncipe Hisahito, de 19 años, sobrino del actual emperador Naruhito, de 66. Si Hisahito no tiene un hijo varón, la línea de sucesión se extinguiría. La popular princesa Aiko, de 24 años, queda descartada por su género, al igual que cualquier otra mujer de la familia imperial.
La reforma se aprobó tras disputas internas en el gobernante Partido Liberal Democrático, liderado por la conservadora Sanae Takaichi —descrita por la fuente como «la primera mujer en gobernar Japón»—, quien se opone a la sucesión femenina. La tensión es evidente: Chizuko Ueno, académica feminista, escribió que «es muy irónico que la propia primera ministra sea la principal defensora de la obsesión con la sucesión masculina». Desde el propio PLD, el diputado Seiichiro Murakami calificó de «absolutamente indignante» descartar a Aiko. Asahiro Kuni, de 81 años y miembro de una de las 11 ramas imperiales, señaló al diario Asahi Shimbun que aconsejaría a sus nietos rechazar la oportunidad de integrarse a la familia real, argumentando que «a los 15 años, una persona ya ha crecido respirando el aire de la libertad».
La brecha entre la decisión legislativa y la opinión pública es llamativa. Una encuesta del Mainichi Shimbun reveló que más del 70% de la población avalaba que una mujer fuera emperatriz, y el 40% apoyaba una sucesión matrilineal. Un sondeo del Asahi Shimbun de mayo arrojó que el 72% de los encuestados estaba a favor de cambiar las reglas. Hideya Kawanishi, profesor de la Universidad de Nagoya y experto en el sistema imperial, afirmó que el proyecto «no refleja la opinión pública» y que el ala conservadora del PLD «no quiere escuchar las voces de la gente» porque su base electoral «alberga actitudes cercanas al machismo». «No pueden decir que es chovinismo masculino, así que lo llaman tradición», concluyó.
Conviene mirar los incentivos. La reforma resuelve una aritmética dinástica de corto plazo —ampliar el grupo de varones elegibles— sin tocar el principio que genera la escasez: la exclusión de las mujeres. Es una solución burocrática a un problema institucional, y la historia sugiere cautela ante reformas que posponen la decisión de fondo. Cuando la legitimidad de una institución milenaria depende de un único joven soltero, y cuando siete de cada diez ciudadanos piden un cambio que el Parlamento rechaza, el riesgo no es solo dinástico: es la distancia creciente entre una institución y la sociedad que se supone debe encarnar.
