El New York Times publicó el domingo una investigación que describe a Japón como una «guarida de espías» y una fuente clave de componentes para el arsenal ruso en Ucrania. Según el periódico, las «débiles leyes de espionaje» japonesas permitieron que Moscú utilizara el país como centro de recopilación de inteligencia y adquisición de tecnología de doble uso tras la invasión de Ucrania.
El informe del Times citó estimaciones del gobierno ucraniano según las cuales el 90% de los misiles y drones rusos contienen componentes japoneses. Las redes de aprovisionamiento, según el mismo informe, utilizan empresas intermediarias y terceros países como Vietnam, Uzbekistán y Sri Lanka para eludir las restricciones a las exportaciones directas a Rusia.
En agosto de 2022, Nikkei Business informó que unos 120 agentes de inteligencia rusos operaban en Japón, cifra que se disparó tras la expulsión masiva de espías rusos de los países occidentales después de la invasión. Según fuentes citadas por Nikkei y Jiji Press, uno de los puestos de alto nivel en la representación comercial rusa en Tokio siempre lo ocupa un oficial del SVR, sucesor de la división de ultramar del KGB. El Times identificó a Maksim Vladimirovich Filchenkov como el responsable de dirigir esas operaciones desde la oficina tokiota de Aeroflot.
El portavoz principal del gobierno japonés, Minoru Kihara, reconoció el lunes que «existe una necesidad creciente de contrarrestar las actividades de inteligencia extranjeras» y que Tokio «debe abordar este problema con aún mayor rigor». Kihara se negó a comentar directamente el informe estadounidense.
Las raíces del problema son constitucionales. El trauma de la represión de la disidencia antes y durante la Segunda Guerra Mundial llevó a consagrar en la Constitución de posguerra la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión. Ese marco, junto con un fuerte consenso civil, restringió severamente la vigilancia oficial. Un intento de introducir una ley contra el espionaje en 1985 —que incluía la pena de muerte como posible castigo— fracasó ante la oposición. La Ley de Secretos Especialmente Designados, aprobada en 2013, estableció una pena máxima de diez años de prisión por filtrar secretos de Estado, pero sus límites quedaron expuestos en enero, cuando un caso de espionaje industrial ruso solo pudo procesarse como competencia desleal.
En este contexto, el gobierno en el que participa Sanae Takaichi está utilizando su amplia mayoría parlamentaria para impulsar la primera reforma significativa de los servicios de inteligencia de la posguerra. La Ley de Creación del Consejo Nacional de Inteligencia, aprobada en mayo, establece un consejo presidido por el primer ministro y una Oficina Nacional de Inteligencia (NIB) de 700 miembros que unifica operaciones antes dispersas. La NIB tendrá el mandato de supervisar las operaciones de contrainteligencia; se espera que a finales de 2026 se proponga nueva legislación dirigida a los agentes extranjeros. La Dirección de Inteligencia de Señales (DFS) compartirá información con la NIB pero seguirá operando de forma independiente. La medida más ambiciosa es la creación de una agencia de inteligencia exterior —equivalente a la CIA o al MI6— que comenzará a operar a principios de 2028.
Conviene mirar los incentivos. Japón pagó durante décadas el costo de una arquitectura de seguridad diseñada para contener al Estado más que para protegerlo: legislación fragmentada, penas simbólicas y una cultura institucional reacia a la inteligencia activa. Rusia identificó esa brecha antes que Tokio y la explotó con eficiencia. La reforma en marcha llega tarde, pero su alcance —una agencia exterior, un consejo coordinador, nueva legislación de contrainteligencia— sugiere que el gobierno japonés ha asumido por fin que la geopolítica no espera a que madure el consenso civil. El dato importa más que el ruido: el 90% de los misiles que caen sobre Ucrania, según Kyiv, llevan componentes fabricados en un país que hasta hace poco no tenía ley de espionaje aplicable a civiles.
