La dinastía más antigua del planeta afronta una crisis demográfica sin precedentes, y la solución que ha elegido el gobierno japonés dice mucho sobre las tensiones entre modernidad económica y conservadurismo institucional.
La Cámara Baja de Japón aprobó el viernes pasado la primera enmienda de calado a la Ley de la Casa Imperial, impulsada por la administración de la primera ministra Sanae Takaichi y su aliado de coalición, el Partido de la Innovación de Japón. El objetivo declarado es garantizar la continuidad de una dinastía que hoy cuenta con apenas tres varones en activo: el emperador Naruhito, su hermano y heredero el príncipe Akishino, y el hijo de este, el príncipe Hisahito.
La reforma introduce dos cambios sustanciales. Primero, las mujeres de la familia imperial podrán conservar su dignidad y rango tras casarse con plebeyos, lo que amplía el número de miembros en activo al servicio de la institución. Hasta ahora, princesas como Mako —prima del emperador— perdieron ese estatus al contraer matrimonio en 2021 y residen desde entonces como ciudadanas ordinarias. Segundo, y más relevante, la ley permitiría que la familia reinante adopte a varones de 15 años o más que desciendan por línea masculina de las 11 antiguas ramas imperiales que perdieron ese estatus con la Constitución de 1947, impuesta por Estados Unidos tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
El mecanismo es indirecto pero deliberado: los varones adoptados quedarían excluidos de la sucesión inmediata, pero sus hijos varones nacerían ya con derechos sucesorios, extendiendo así la línea dinástica hacia el futuro.
Lo que la reforma no contempla en ningún caso es que una mujer pueda convertirse en emperatriz ni transmitir derechos sucesorios. La princesa Aiko, única hija de Naruhito y la emperatriz Masako, estuvo cerca de cambiar esa norma: cuando nació, ante la escasez de varones, el Parlamento inició un debate para abolir la ley sálica. El nacimiento del príncipe Hisahito en 2006 cerró ese proceso. Con la reforma actual, Aiko podrá al menos mantener su estatus imperial si se casa, pero el trono le seguirá vedado.
El propio emperador Naruhito expresó en conferencia de prensa que los esfuerzos del gobierno y el Parlamento deben «contar con la comprensión del pueblo», palabras que varios analistas interpretan como una señal de incomodidad con la velocidad del proceso. El Asahi Shimbun, uno de los diarios de mayor tirada del país, fue más directo: en un editorial tituló «Hay que detener el proyecto de ley que pretende modificar la Ley de la Casa Imperial» y acusó a la administración Takaichi de avanzar «imprudentemente» sin consenso legislativo ni ciudadano. «Si el proyecto de ley se aprueba tal como está, dejará una mancha negra en la historia», advirtió el rotativo. El gobierno tiene previsto promulgar la ley antes del 17 de julio, fecha en que concluye la actual legislatura. Según una encuesta de Kyodo News realizada en mayo, el 83% de los japoneses apoya que una mujer pueda reinar.
Conviene mirar los incentivos. La reforma resuelve el problema demográfico de la dinastía por la vía más conservadora posible: amplía el árbol genealógico masculino en lugar de reformar el criterio de género. Es una decisión coherente con la cultura institucional japonesa, donde la estabilidad del símbolo importa más que su actualización. El dato importa más que el ruido: una encuesta muestra que más de cuatro de cada cinco japoneses apoyaría el reinado femenino, pero ese consenso ciudadano no ha encontrado traducción legislativa. La brecha entre opinión pública e instituciones es, en sí misma, un indicador del peso que la tradición ejerce sobre el sistema político japonés, incluso cuando la demografía obliga a actuar.
