El entorno estratégico de Asia-Pacífico obliga a Japón a revisar uno de sus tabúes fundacionales. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, declaró que su país «no puede evitar abordar» el debate sobre las armas nucleares, en momentos en que el gobierno estudia actualizar los documentos clave que definen su política de seguridad nacional.
La declaración tiene un peso histórico singular: Japón es el único país que ha sufrido un ataque nuclear y desde 1967 mantiene los llamados «tres principios no nucleares», que prohíben producir, poseer o albergar armas atómicas en su territorio. Esa promesa ha sido respetada sistemáticamente por todos los gobiernos desde entonces.
Koizumi citó como referencia a Francia y Finlandia. En junio, el parlamento finlandés aprobó una ley que permitiría la entrada de armas nucleares al país. El presidente francés Emmanuel Macron declaró en marzo que Francia aumentaría el número de ojivas nucleares. Para Tokio, estos movimientos en la periferia europea ilustran que la disuasión nuclear vuelve a ser un instrumento activo de política exterior, no un vestigio de la Guerra Fría.
El ministro argumentó que el entorno de seguridad japonés «se ha vuelto más hostil» y que es necesario cambiar una situación en la que ciertos temas se consideran inaceptables para el debate público. La formulación es deliberadamente cautelosa: no propone poseer armas, sino discutirlo.
No es la primera voz en el establishment nipón que apunta en esa dirección. A finales del año pasado, una fuente vinculada a la elaboración de la política de seguridad del gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi afirmó que Japón debería poseer armas nucleares, lo que generó una fuerte reacción de los partidos de oposición y de algunos países. El exministro de Defensa Itsunori Onodera también sostuvo que el país necesita debatir el futuro de sus principios antinucleares.
El trasfondo es la dependencia japonesa del paraguas nuclear estadounidense, un arreglo que funcionó durante décadas pero que la reconfiguración de las prioridades de Washington vuelve más incierto. Si Estados Unidos renegocia sus compromisos de seguridad con aliados en Europa y Asia, Tokio necesita calcular su exposición real.
Los partidos de oposición y sectores de la sociedad civil japonesa han reaccionado con alarma ante cada señal en esta dirección. La memoria de Hiroshima y Nagasaki es un factor político de primer orden, no solo un argumento moral. Cualquier revisión formal de los tres principios enfrentaría una resistencia interna considerable.
Conviene mirar los incentivos. El debate que Koizumi abre no es, por ahora, un programa de armamento: es una señal de que Tokio quiere conservar opciones en un tablero regional donde China expande su arsenal y Corea del Norte continúa sus pruebas. La disuasión funciona sobre percepciones, y Japón parece haber concluido que mantener el silencio ya no es gratis.
Para el orden internacional liberal, la pregunta es si la proliferación de este tipo de debates —Finlandia, Francia, ahora Japón— consolida la disuasión colectiva o erosiona los regímenes de no proliferación que han contenido el número de potencias nucleares durante medio siglo. El dato importa más que el ruido: por ahora, Japón solo debate. Lo que haga con ese debate definirá, en parte, la arquitectura de seguridad de Asia en la próxima década.
