La Justicia argentina vive una de sus contradicciones más reveladoras. El juez Martín Irurzun, camarista federal conocido por haber condenado con convicción la corrupción política, cumplió 75 años —el límite etario fijado por la Constitución de 1994— y desde entonces no puede ejercer su cargo, no cobra su salario y aguarda una resolución que la Corte Suprema no termina de dictar.
El nudo jurídico tiene historia. En 1999, la Corte Suprema declaró «nulo de nulidad absoluta» el artículo constitucional que fijó ese límite de edad, en el llamado «caso Fayt». El argumento fue que ese precepto no figuraba en el núcleo de coincidencias básicas que el Congreso aprobó al convocar a la Asamblea Constituyente, núcleo que a su vez surgió del Pacto de Olivos entre el peronismo de Carlos Menem y el radicalismo de Raúl Alfonsín. En 2017, con una composición diferente, la Corte revirtió esa postura en el «caso Schiffrin» y reconoció que la Asamblea Constituyente tenía autonomía para agregar decisiones no previstas en ese núcleo. El resultado: dos artículos constitucionales que se contradicen. El artículo 99, inciso 4, establece los 75 años como límite; el artículo 110 garantiza la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta.
Entre los actuales miembros de la Corte, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz votó en línea con la jurisprudencia de 1999 que reconoce la inconstitucionalidad del límite etario. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y Juan Carlos Maqueda —quien según la fuente renunció en diciembre de 2024 al cumplir 75 años— votaron a favor de la vigencia de ese artículo. Los tres fueron protagonistas directos de la reforma de 1994: Rosenkrantz como asesor de Alfonsín; Rosatti y Maqueda como constituyentes por el Partido Justicialista.
Irurzun solicitó formalmente al Gobierno de Javier Milei un nuevo acuerdo del Senado por cinco años más, mecanismo también previsto por la reforma del 94. El Ejecutivo no respondió. Pidió entonces una cautelar que fue rechazada en primera instancia y por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Llevó el caso a la Corte Suprema, instancia que, según consigna la fuente, «casi nunca» dicta cautelares. Desde despachos cercanos a los jueces supremos se sugirió que Irurzun debería esperar, sin renunciar, a que se resuelva el fondo del asunto. El problema es que mientras no haya sentencia definitiva, sus decisiones podrían ser objetadas; y mientras no renuncie y se jubile, no cobra.
El contraste con el caso del juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques resulta difícil de ignorar. Mahiques padre —padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— contó con el apoyo explícito del Gobierno para continuar en funciones hasta los 80 años. El Senado le otorgó el acuerdo con una mayoría amplia, tras intensas gestiones del oficialismo.
Conviene mirar los incentivos. El tratamiento diferenciado entre ambos casos no es un detalle técnico: es una señal sobre cómo el poder político administra la incertidumbre jurídica según sus conveniencias. Irurzun construyó la llamada «doctrina Irurzun», que sostiene que exfuncionarios pueden ser sometidos a prisión preventiva por su poder residual para entorpecer procesos; bajo esa doctrina, Julio De Vido fue encarcelado. Que ese magistrado quede en un limbo mientras el Gobierno gestiona activamente la continuidad de otro juez vinculado al círculo ministerial no habla bien de la imparcialidad con que el Ejecutivo trata al Poder Judicial.
El dato importa más que el ruido. La cuestión de fondo —si el límite de los 75 años es o no constitucional— sigue sin resolverse. Mientras la Corte dilata y la política selecciona a quién apoya, la institución judicial pierde lo que más necesita: previsibilidad. Sin reglas claras y aplicadas de forma uniforme, el libre ejercicio de la magistratura queda subordinado a la negociación política. Eso es exactamente lo que un estado de derecho no puede permitirse.
