La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó en junio la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional para terminar la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS). El 27 de julio expiró oficialmente la protección para los migrantes haitianos, según el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El resultado inmediato en Nueva York fue la pérdida de elegibilidad laboral de un número significativo de cuidadores.
El hogar de ancianos Cabrini, en Westchester, tuvo que despedir a siete asistentes de enfermería de tiempo completo. Estos trabajadores eran responsables de tareas esenciales: alimentar, bañar y asear a los residentes. «No es fácil conseguir personal en este sector. Primero, porque normalmente no hay muchos candidatos que se postulen para trabajar en una residencia de ancianos», declaró a Gothamist Simone Smith, jefa de recursos humanos de Cabrini.
Los números explican la magnitud del problema. Según un estudio de la fundación KFF publicado en julio, los inmigrantes representan el 30% del personal de atención directa en todo el país. En Nueva York esa proporción asciende al 60%. A nivel nacional, el 6% de esos empleados es de origen haitiano, y más del 15% del personal de cuidado sanitario es beneficiario del TPS, de acuerdo con un informe publicado en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense.
Stephen Hanse, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Centros de Salud de Nueva York, advirtió que el estado ya atravesaba una crisis de personal antes de esta decisión. «Nos cuesta mucho reclutar y retener a trabajadores de centros de cuidados. Por lo tanto, esta decisión podría reducir aún más el número de empleados que brindan atención directa a los residentes, y en particular a nuestros residentes más vulnerables», explicó. Karen Lipson, de LeadingAge NY —organización que representa a aproximadamente 400 proveedores de servicios para personas mayores— señaló que la mayoría de sus miembros ya tenían puestos vacantes antes de la medida.
Lipson subrayó además una dimensión que las estadísticas no capturan del todo: la continuidad del vínculo entre cuidador y paciente. «Sobre todo para los adultos mayores que pueden estar sufriendo deterioro cognitivo, la familiaridad y la continuidad son fundamentales. Eso es irremplazable», afirmó. La terminación del TPS dejó a más de 300 mil haitianos sin estatus en todo el país. El Departamento de Estado mantiene simultáneamente el máximo nivel de alerta para Haití, desaconsejando viajar al territorio por riesgos de delincuencia, secuestro, terrorismo y atención médica limitada.
La administración Trump justificó el fin del programa argumentando que el sistema fue abusado y que las protecciones ya no son necesarias.
Conviene mirar los incentivos. La crisis de personal en los ancianatos de Nueva York no es un efecto colateral imprevisto: es la consecuencia directa de décadas de dependencia del sector sanitario en mano de obra inmigrante con estatus precario, en lugar de construir una oferta laboral doméstica con incentivos de mercado competitivos. El problema no es que el gobierno haya aplicado la ley migratoria —esa es su prerrogativa legítima, ratificada por el máximo tribunal—; el problema es que el sector nunca resolvió su estructura de costos ni sus condiciones laborales para atraer trabajadores locales.
El dato importa más que el ruido. Si el 60% del personal de cuidado directo en Nueva York es inmigrante, eso refleja un fallo de mercado previo, no una virtud del TPS como política permanente. La solución de largo plazo pasa por desregular la certificación de auxiliares de enfermería, elevar la remuneración mediante competencia real y reducir la burocracia que encarece la operación de estos centros. Extender indefinidamente estatus temporales como parche a un mercado laboral distorsionado no es política de salud: es aplazar la factura.
