Indonesia abolió formalmente la esclavitud en 1860, cuando el archipiélago se encontraba bajo dominio neerlandés. En la isla de Sumba, a 2.000 kilómetros de Yakarta y a 1.000 de Bali, esa abolición sigue siendo, siglo y medio después, poco más que un papel.
La sociedad sumbana se divide en tres castas: los maramba o nobles, grandes terratenientes; los kabihu o gente corriente; y los atas, esclavos o sirvientes. Así lo explica Martha Hebi, experta en el tema. Los atas trabajan de la mañana a la noche —cultivan campos, cuidan animales, atienden la casa y los niños— sin percibir salario. Su condición se hereda y, según Hebi, «no se puede perder ni siquiera a través del matrimonio», a menos que el amo decida liberarlos.
Kanisius Kanyali Hambarita tiene 34 años y es esclavo de Umbu Ana Rara, tres años menor que él. Sentado frente a la casa del amo, masticando nuez de betel, afirma que no se opone a su situación: «Así son las cosas. No es más que el símbolo de una tradición heredada de nuestros antepasados». Lo dice, anota la agencia AFP, con el amo presente, quien a menudo termina sus frases por él.
La isla cuenta con 685.000 habitantes, de los cuales el 80% son cristianos, minoría dentro de un país de mayoría musulmana. Una asistenta social que pidió mantener el anonimato calcula que existen «unos 1.700» atas solo en el distrito de Sumba Oriental, que tiene 350.000 habitantes; otros estiman que son miles. El historiador Bondan Kanumoyoso, de la Universidad de Indonesia en Depok, señala que la esclavitud que se practica en Sumba es única en el país: está vinculada al marapu, religión local que combina animismo, culto a los antepasados y creencias en el mundo de los espíritus.
La violencia es parte del sistema. Un ata de unos cuarenta años, identificado solo como M. para preservar su seguridad, relata que lo golpeaban desde la infancia cuando no trabajaba o no lo hacía correctamente. «En cuanto regresaba del colegio, tenía que volver a trabajar», recuerda. La pastora Marlin Lomi, presidenta del sínodo protestante de Sumba oriental, confirma que los atas sufren «violencia no solo física, sino también sexual»: según la tradición, el amo considera que tiene derecho a «utilizar» a su sirvienta. Andy Yentriyani, expresidenta de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Komnas Perempuan), advierte que «las relaciones sexuales no se consideran una violación» dentro de esa lógica. Un maramba que habló bajo anonimato lo confirma sin ambages.
Hebi, fundadora de la ONG Solidaridad para las Mujeres y los Niños de Sumba, señala que «los casos de violencia suelen quedar impunes porque las víctimas no se atreven a declarar».
La historia del lugar ofrece contexto, aunque no excusa. Los portugueses en el siglo XVI y la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en el XVII se abastecían en Sumba de madera de sándalo y de esclavos, según el antropólogo británico Rodney Needham. La llegada de la modernidad, constata la AFP, no alteró el sistema.
Conviene mirar los incentivos. Los maramba son propietarios de la tierra, el ganado y los caballos que exportan; los atas constituyen, según la fuente, su «principal activo económico» junto con esos bienes. Mientras el Estado indonesio no haga cumplir su propia ley dentro de su propio territorio, la abolición de 1860 seguirá siendo una declaración sin consecuencias. El dato importa más que el ruido: ninguna narrativa de progreso regional puede ignorar que, a dos horas de vuelo de uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, personas nacen, viven y mueren sin libertad, sin salario y sin recurso legal efectivo. La distancia geográfica no es excusa suficiente para el silencio institucional.
