El Canal de Panamá redujo desde este viernes sus tránsitos diarios a 34, frente a una media habitual de 36, en la primera restricción de este tipo desde la crisis hídrica de 2023. La medida busca ahorrar el agua dulce de los lagos Gatún y Alhajuela, que alimentan la vía interoceánica y que enfrentan un déficit de lluvias del 34% entre mayo y agosto, según datos oficiales citados por fuentes del Canal a EFE.
La reducción no es menor: por esta ruta transita entre el 3% y el 5% del comercio mundial. Desde este viernes los cupos diarios bajan a nueve en las esclusas neopanamax —las de gran calado, ampliadas en 2016— y a 25 en las esclusas panamax centenarias, para un total de 34. La administración prevé un nuevo recorte el 15 de septiembre, cuando el total caerá a 32 tránsitos diarios.
A la restricción de tránsitos se suma una reducción progresiva del calado —la parte sumergida del buque— que entró en su segunda fase el miércoles, fijándose en 48 pies (14,63 metros). Bajará a 47,5 pies el 1 de octubre y podría llegar a 44 pies para el verano panameño, según ha señalado la administradora designada del Canal, Ilya Espino de Marotta. El máximo operativo es de 50 pies.
El fenómeno El Niño, causante de la escasez de lluvias, podría intensificarse y extenderse hasta el verano estacional del país, entre enero y abril, lo que anticipa nuevos ajustes.
El impacto económico ya es visible en el mecanismo de subastas que el Canal utiliza para asignar cupos a buques sin reserva previa: los precios se han disparado hasta superar los 5 millones de dólares, cuando la media a inicios de año era de 55.000 dólares. Según analistas citados por la fuente, la crisis en el estrecho de Ormuz ha empujado a transportistas de gas licuado de petróleo y gas natural licuado a redirigir sus rutas hacia el corredor América-Asia, elevando la demanda por el paso panameño justo cuando la oferta de cupos se contrae.
El dato más incómodo, sin embargo, no está en el Canal sino en el servicio doméstico de agua. Los mismos lagos que alimentan la vía interoceánica abastecen a la mitad de la población panameña, un país de poco más de cuatro millones de habitantes. El servicio está en manos de una empresa estatal que ha reconocido que hasta el 50% del recurso se pierde en averías y roturas del sistema.
El contraste es elocuente. El Canal, gestionado con criterios de eficiencia operativa y mecanismos de mercado —cupos, subastas, cronogramas de calado ajustados con meses de anticipación—, responde a la escasez con precisión y transparencia de precios: cuando el agua vale más, el mercado lo refleja de inmediato en la puja por los cupos. El monopolio estatal de agua potable, en cambio, pierde la mitad del recurso antes de que llegue a un grifo, sin que exista una señal de precio o incentivo comparable que corrija el desperdicio.
Conviene mirar los incentivos. La sequía es un fenómeno natural que ningún gobierno controla, pero la magnitud del daño que provoca sí depende de cómo se administra el recurso escaso. El Canal, con gestión autónoma y disciplina de mercado, ha convertido una restricción hidrológica en un ajuste ordenado y previsible para sus usuarios globales. El servicio doméstico de agua, atrapado en la lógica de la empresa estatal, convierte la misma escasez en una fuga silenciosa que termina pagando el ciudadano panameño, no el naviero que factura en dólares.
El dato importa más que el ruido: mientras el mundo discute el precio de un cupo de tránsito, la mitad del agua que debería llegar a los hogares panameños se pierde antes de salir de la tubería. Esa es la reforma pendiente que ninguna subasta va a resolver.
