Al menos diez personas murieron el viernes tras un corrimiento de tierra en Malapatan, municipio de la provincia de Sarangani, en el sur de Filipinas. Las víctimas —entre ellas niños, según confirmó Rodrigo Sosmeña, director de la Oficina de Defensa Civil de Mindanao Central— se encontraban en sus hogares cuando el deslave las sepultó. Pertenecían a dos familias. Un hombre de 31 años fue rescatado con vida durante la mañana, de acuerdo con informaciones de la cadena GMA.
Las labores de búsqueda y rescate continuaban en la zona al cierre de las primeras informaciones. Los equipos lograron recuperar los cuerpos de varias personas que habían quedado bajo el material desplazado.
Sosmeña explicó que el corrimiento se produjo «como consecuencia» del paso del tifón 'Bavi', conocido localmente como 'Inday'. El sistema meteorológico intensificó los efectos del monzón procedente del suroeste, lo que generó lluvias persistentes sobre Sarangani y derivó en la «saturación del suelo, favoreciendo el deslizamiento de tierra», según sus propias palabras.
A ese factor se suma una variable sísmica. La Oficina Municipal de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (MDRRMO) advirtió que el terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado el pasado 8 de junio podría haber contribuido al debilitamiento del suelo en la zona. La combinación de un sismo de esa envergadura con semanas de actividad monzónica y la llegada de un tifón configura un escenario de riesgo acumulado que las autoridades no habían podido neutralizar a tiempo.
Las autoridades locales de Sarangani anunciaron que tienen previsto reubicar a las familias afectadas y a las que residen en las inmediaciones del área del deslave, con el objetivo de evitar nuevas víctimas si las condiciones meteorológicas se deterioran.
El episodio ilustra una vulnerabilidad estructural que Filipinas arrastra sin solución definitiva: la concentración de población rural en laderas expuestas, sin infraestructura de alerta temprana suficiente ni planes de reubicación preventiva ejecutados antes de que llegue la emergencia. Los anuncios de traslado llegan, casi invariablemente, después del desastre. Conviene mirar los incentivos: mientras la gestión del riesgo permanezca fragmentada entre oficinas municipales con recursos limitados y sin coordinación efectiva con el nivel nacional, la secuencia —sismo, monzón, tifón, deslizamiento, víctimas— tenderá a repetirse cada temporada ciclónica. El dato importa más que el ruido: no es la naturaleza sola la que mata, sino la distancia entre la amenaza conocida y la capacidad institucional de anticiparla.
