El Congreso de Oaxaca aprobó la desaparición de poderes en el ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, a solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz, con 35 votos a favor y ninguno en contra.
La decisión llegó después de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, a quien las autoridades mexicanas acusan de tener nexos con la célula delictiva Los Cromos. En otra versión de los hechos, la Fiscalía lo imputó por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, y sostiene que existen líneas de investigación sobre su posible relación con esa organización.
La sesión extraordinaria del Congreso estuvo marcada por el choque político. Dulce Alejandra García Morlan, diputada de Movimiento Ciudadano, se solidarizó con la población y denunció asesinatos, robos, extorsiones, amenazas, cobro de piso y el miedo permanente para salir a la calle, llevar a los niños a la escuela o ir a trabajar. También cuestionó el actuar del gobierno de Salomón Jara ante la crisis de inseguridad desatada en la región y la falta de pronunciamientos por parte del Grupo Parlamentario de Morena.
La legisladora fue increpada por diputadas de Morena, y la sesión terminó sin más intervenciones. Antes, García Morlan dijo que Juchitán es el tercer municipio más grande de Oaxaca y, lamentablemente, el más violento, con más de 350 homicidios contabilizados al momento.
La intervención del aparato estatal no se limitó al Congreso. Ese mismo 25 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca retiró 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos útiles de la Policía Municipal de Juchitán, y los trasladó al Depósito General de Armamento en Santa María Coyotepec. La dependencia explicó que actuó por protocolo ante la ausencia del presidente municipal y la falta de condiciones jurídicas para el resguardo local de las armas.
El Financiero añadió que, tras la desaparición del ayuntamiento, el gobernador podrá designar a una persona encargada de la Administración Municipal por hasta 90 días, antes de proponer al Congreso un Concejo Municipal que concluya el periodo constitucional.
La historia sugiere cautela. Cuando un municipio pierde a su autoridad electa, cuando la policía local queda sin armamento y cuando la seguridad depende de fuerzas estatales y federales, el problema ya no es solo político: es institucional. Conviene mirar los incentivos. Si el orden local depende de que el gobierno central intervenga para reemplazar al ayuntamiento, entonces la debilidad de la autoridad municipal se vuelve un costo directo para los ciudadanos, que pagan con incertidumbre, inseguridad y menos libertad para vivir y trabajar.
También hay una lección para el poder político. La desaparición de poderes puede ser una salida necesaria en una emergencia, pero no sustituye la obligación de construir instituciones capaces de prevenir el colapso. Sin reglas claras, sin controles efectivos y sin una policía municipal funcional, el Estado termina administrando la crisis en vez de resolverla. Y eso, al final, siempre lo pagan los habitantes.
