Cerca de 50.000 personas cruzaron desde territorio marroquí hacia Ceuta en cuestión de días, según estimaciones de las autoridades españolas. Más de 48.000 regresaron posteriormente a Marruecos. Al menos 57 personas murieron ahogadas en el intento. La escala del episodio no tiene precedente reciente, pero su lógica sí.
El gobierno de Pedro Sánchez atribuyó la irrupción a redes de tráfico de personas que habrían aprovechado una sentencia del Tribunal Supremo español que impide devolver a quienes lleguen al país desde el mar. Al mismo tiempo, el ejecutivo elogió la colaboración marroquí para contener nuevos cruces y facilitar los retornos. Ambas explicaciones pueden ser ciertas. Que lo sean simultáneamente revela el problema estructural: España vigila su lado de la frontera, pero depende en gran medida de que Marruecos impida activamente las salidas desde su territorio.
No es la primera vez. En mayo de 2021, tras una disputa diplomática por el tratamiento médico en España de un líder independentista saharaui, el gobierno marroquí relajó sus controles fronterizos y unas 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días. La correlación entre fricciones diplomáticas y flujos migratorios no es casual; es un patrón.
La respuesta de Madrid en 2022 fue modificar la histórica postura de neutralidad española sobre el Sáhara Occidental para apoyar el plan marroquí de autonomía, que el propio Sánchez calificó como la propuesta «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. El giro apaciguó temporalmente las tensiones. El pasado diciembre, tras la firma de varios acuerdos en Madrid, Sánchez y el primer ministro marroquí Aziz Akhannouch afirmaron que la relación bilateral atravesaba un momento «excelente».
Sin embargo, según el catedrático Carlos Ruiz Miguel, director del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela, eso no es suficiente para Rabat: «Marruecos quiere el reconocimiento de su soberanía», no solo el apoyo a un plan de autonomía. Estados Unidos reconoció esa soberanía mediante una proclamación de Donald Trump en diciembre de 2020; Israel hizo lo mismo en 2023; Francia estableció en 2024 que el futuro del territorio debía desarrollarse «en el marco de la soberanía marroquí». España sigue a medio camino.
A eso se suman las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta —bajo soberanía española desde 1668— y Melilla —desde 1497—, ciudades que Rabat reclama pero que no figuran en la lista de territorios pendientes de descolonización de la ONU. En 2002, militares marroquíes ocuparon el islote de Perejil y España lo recuperó mediante una operación de sus fuerzas armadas. La historia sugiere cautela ante cualquier declaración de normalidad bilateral.
Conviene mirar los incentivos. Marruecos posee una palanca extraordinaria: la frontera. Cada vez que la relación se deteriora, esa palanca aparece en el tablero. El gobierno español, en lugar de construir una posición negociadora autónoma y predecible, ha respondido con concesiones que no resuelven el diferendo de fondo sino que elevan el precio de la siguiente crisis.
El dato importa más que el ruido diplomático. Una relación bilateral que el propio ejecutivo calificaba de «excelente» hace apenas meses no ha impedido que decenas de miles de personas cruzaran en días una frontera que, en teoría, ambos gobiernos tienen interés en gestionar. Eso no es excelencia; es dependencia. Y la dependencia, cuando no está respaldada por instituciones ni por acuerdos vinculantes con mecanismos de cumplimiento, siempre cotiza a la baja para quien más la necesita.
