El Tribunal Popular Intermedio de Cantón declaró culpable a Duan Chenggang en fallo de primera instancia y le impuso cadena perpetua. Según la cadena estatal CCTV, Duan se desempeñó como exvicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) de Chongqing, municipalidad de 31 millones de habitantes.
De acuerdo con el fallo, entre la segunda mitad de 2003 y marzo de 2025, Duan utilizó distintos cargos en Chongqing para favorecer a empresas y particulares en operaciones empresariales, avance de proyectos y adjudicación de obras, a cambio de sobornos que totalizaron más de 144 millones de yuanes —equivalentes a 20 millones de dólares—. El tribunal calificó la cuantía como «especialmente elevada» y determinó que los actos causaron «pérdidas graves» a los intereses del Estado y la ciudadanía.
La corte ordenó también recuperar los bienes obtenidos de forma ilícita y sus rendimientos para su entrega al Tesoro estatal. En la determinación de la pena, los jueces consideraron atenuantes: existencia de actos en grado de tentativa, confesión de los hechos, entrega voluntaria de información sobre sobornos que los investigadores aún desconocían, reconocimiento de culpabilidad, arrepentimiento y devolución activa de los bienes ilícitos.
La sentencia se suma a otros casos recientes vinculados a Chongqing, entre ellos el del exalcalde Hu Henghua. Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de organismos estatales. Las autoridades la presentan como un esfuerzo de disciplina interna, aunque, según la fuente, algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política.
Conviene mirar los incentivos. Una campaña que acumula más de una década de condenas espectaculares —cadenas perpetuas incluidas— cumple una función de señalización hacia adentro del aparato: nadie es intocable mientras Xi consolida su control. El dato importa más que el ruido: el caso Duan no es una anomalía aislada, sino una pieza más de un sistema en el que la lealtad política y la exposición judicial son las dos caras de la misma moneda. Para los inversores y socios comerciales que operan en China, la lección es conocida pero vale repetirla: en un entorno donde las reglas las fija el partido y no la ley independiente, la seguridad jurídica depende, en última instancia, de la voluntad del poder central. La historia sugiere cautela.
