El número de muertos por el ataque ruso con drones del viernes contra un almacén de munición en el distrito de Bucha, cerca de Kiev, ascendió a 37, según el último balance difundido este sábado por las autoridades ucranianas.
«Lamentablemente, el número de muertos en el distrito de Bucha ha ascendido a 37. Una pérdida terrible e irreparable», escribió en Telegram Timur Tkachenko, jefe de la administración regional de Kiev. El funcionario precisó que las labores de rescate continúan en el lugar.
En un primer recuento, Tkachenko había hablado de 27 muertos —cifra que ya advertía como no definitiva— y de 42 heridos de diversa gravedad, entre ellos cuatro niños. Cerca de 400 personas debieron ser evacuadas de la zona.
Tras el ataque se produjo una explosión que las autoridades siguen inspeccionando, junto con los edificios y terrenos adyacentes al almacén. Hasta el momento hay constancia de unos cincuenta edificios de viviendas con daños de diversa gravedad.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que «quienes hayan permitido que esto ocurriera deben rendir cuentas por sus decisiones». Y añadió: «Existen normas claras: no se puede almacenar munición cerca de viviendas u otras zonas residenciales. Sin duda, se extraerán las conclusiones pertinentes».
El episodio recuerda a otro ocurrido el 6 de julio en Vishneve, también en la región de Kiev, donde un ataque ruso desencadenó una detonación prolongada en un depósito de municiones que dejó nueve muertos y daños en más de 280 viviendas.
Tkachenko, quien declaró el domingo día de luto regional por las víctimas del ataque en Bucha, escribió: «En el quinto año de una guerra a gran escala, no podemos permitir que se repitan tragedias como la ocurrida en Vishneve y esta otra en el distrito de Bucha».
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Los números hablan por sí solos: 37 muertos, decenas de heridos, cientos de desplazados y medio centenar de viviendas dañadas por un solo golpe. El dato importa más que el ruido diplomático que suele acompañar cada nueva ronda de ataques. Moscú sigue apuntando a infraestructura ubicada dentro del territorio ucraniano, y el costo lo pagan, una vez más, civiles que no decidieron dónde se guarda la munición ni cuándo llega el próximo dron.
La exigencia de Zelenski de que «quienes hayan permitido que esto ocurriera» respondan por sus decisiones abre una discusión interna legítima sobre normas de almacenamiento, pero conviene no confundir esa exigencia con una atribución de culpa que las fuentes no establecen. El presidente ucraniano señala un problema de gestión; no hay, por ahora, evidencia pública de quién tomó qué decisión ni de si existió negligencia comprobada.
Lo que sí queda documentado es la repetición: Vishneve en julio, Bucha en agosto, ambos en la misma región, ambos con depósitos de municiones golpeados por ataques rusos y ambos con daños masivos a viviendas civiles. La historia sugiere cautela antes de dar por cerrado el capítulo: en el quinto año de una guerra a gran escala, cada explosión de este tipo combina la responsabilidad de quien dispara con la pregunta legítima —planteada por el propio gobierno ucraniano— sobre cómo se protege a la población de los riesgos que generan sus propios recursos logísticos.
Para Kiev, el desafío no es solo militar. Sostener la cohesión interna y la confianza ciudadana exige que las «conclusiones pertinentes» que promete Zelenski se traduzcan en cambios verificables, no en anuncios. Conviene mirar los incentivos: un gobierno en guerra necesita mostrar que también cuida a los suyos, más allá del frente.
