La batalla regulatoria entre Buenos Aires y Bruselas entró en una fase decisiva. Una delegación argentina compuesta por funcionarios del gobierno y representantes del sector privado se reunió esta semana en Bruselas con la Comisión Ejecutiva de la Comisión Europea (CE) para defender las condiciones de acceso del biodiésel argentino al mercado europeo.
La reunión fue presidida, según informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), por el Comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, y por el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, junto con el embajador Fernando Iglesias y el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda. También participaron Ciara y la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio).
El fondo del conflicto es técnico pero sus consecuencias son concretas: la CE había propuesto clasificar a la soja como materia prima de alto riesgo de ILUC (Cambio Indirecto del Uso de la Tierra), lo que habría restringido severamente la comercialización del biodiésel argentino en Europa. El Parlamento Europeo rechazó esa propuesta. La delegación argentina busca ahora que la Comisión incorpore ese criterio en el nuevo reglamento 807, en lugar de reintroducir la clasificación perjudicial por vía administrativa.
Lo que está en juego es significativo: el biodiésel representó el año pasado unos US$350 millones en ventas al exterior, y Europa es hoy el único mercado relevante para ese producto. El otro gran destino, Estados Unidos, se cerró en 2016 tras una queja de productores norteamericanos que derivó en la imposición de aranceles elevados.
El presidente de Ciara, Gustavo Idígoras, presentó ante las autoridades europeas datos que, según la entidad, demuestran que la Argentina no aumentó su superficie de soja, sino que esta se contrajo. Además, argumentó que la soja de segunda creció sobre área agrícola ya utilizada en cultivos de invierno, «por lo que no existe efecto alguno sobre cambio indirecto de uso del suelo», según sus palabras recogidas por Ciara.
La delegación también propuso que el nuevo reglamento incorpore una metodología de cálculo basada en datos nacionales y no en promedios globales, y que se introduzca el concepto de cultivos secuenciales en una misma superficie agrícola como categoría de bajo riesgo de ILUC. Idígoras señaló que esa propuesta está basada en conceptos de la FAO y abriría espacio para comercializar en la UE productos derivados de cultivos como camelina, carinata, colza y cártamo.
«La realidad productiva argentina no se ve reflejada en la propuesta de legislación de la CE. El Parlamento Europeo coincide con la Argentina y por eso fue rechazada. Ahora tenemos la oportunidad de introducir cambios que tengan en cuenta la superficie real de soja en la Argentina y en el Mercosur», afirmó Idígoras según la información de Ciara.
La cámara empresaria destacó que la Cancillería, la Embajada ante la UE y la Secretaría de Agricultura «están trabajando de forma muy positiva junto a la agroindustria para procurar defender el flujo de exportaciones a la UE».
Conviene mirar los incentivos. La regulación europea sobre biocombustibles no nació en el vacío: responde a presiones de productores locales y a una arquitectura burocrática que tiende a elevar barreras bajo cobertura ambiental. Que el Parlamento Europeo haya rechazado la clasificación de alto riesgo es un dato relevante, pero la Comisión conserva margen para reintroducir restricciones equivalentes por la vía reglamentaria. Para Argentina, cuya agroindustria es uno de los motores genuinos de generación de divisas, el resultado de esta negociación no es un detalle técnico: es la diferencia entre mantener o perder un mercado de exportación sin sustituto inmediato. El dato importa más que el ruido.
