La crisis inmobiliaria china acumula ya 37 meses consecutivos de descensos en el precio de la vivienda nueva. En junio, los precios en 70 ciudades seleccionadas cayeron un 0,15 % frente al mes anterior, según cálculos de EFE a partir de datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El ritmo es algo menor que el 0,2 % registrado en mayo, pero la dirección no cambia.
De las 70 localidades analizadas, 50 experimentaron reducciones en el precio de la vivienda nueva, frente a las 52 de mayo. Solo 20 ciudades —entre ellas Shanghái, Cantón y Shenzhen— registraron repuntes, superando las 16 del mes anterior. Es el único dato que admite lectura positiva en el informe.
El mercado de segunda mano ofrece una señal aún más preocupante. Los precios de las viviendas usadas cayeron un 0,32 % intermensual en junio, ritmo más acusado que el 0,26 % de mayo. En 60 de las 70 ciudades los precios bajaron; solo 9 —incluyendo Shanghái, Shenzhen, Cantón y Pekín, las cuatro urbes de «primer nivel»— presentaron subidas.
Pekín ha anunciado numerosas medidas a lo largo de los últimos años para detener el desplome. Ninguna ha logrado revertir la tendencia de fondo. La preocupación del régimen no es solo económica: la vivienda es uno de los principales vehículos de inversión de las familias chinas, lo que convierte cada punto porcentual de caída en un problema de estabilidad social. Ese es el verdadero nervio político de la crisis.
Algunos analistas estimaban el peso del sector inmobiliario sobre el PIB nacional —sumando factores indirectos— en torno al 30 %. Si esa cifra es aproximadamente correcta, el prolongado ajuste del mercado inmobiliario explica en buena medida la ralentización de la segunda economía del mundo.
Conviene mirar los incentivos. El modelo de crecimiento chino descansó durante décadas en la deuda municipal, la promoción inmobiliaria y la demanda interna de activos tangibles. Las familias compraban pisos como reserva de valor en ausencia de mercados financieros abiertos y competitivos. Ese esquema funcionó mientras los precios subían; cuando dejaron de hacerlo, la trampa se cerró. A diferencia de economías de mercado donde el ajuste de precios opera con relativa rapidez y transparencia, el aparato estatal chino ha intentado administrar la caída, postergando el saneamiento y prolongando la incertidumbre.
El dato importa más que el ruido. Treinta y siete meses es ya una contracción estructural, no un ciclo. Mientras Pekín no permita que los precios encuentren su nivel real —lo que implicaría pérdidas reconocidas para promotores, bancos y gobiernos locales—, el lastre sobre el crecimiento continuará. La historia sugiere cautela ante quienes anuncian un suelo inminente cada vez que el ritmo de caída aminora una décima.
