Al menos tres personas han muerto y otras 15 han resultado heridas tras múltiples ataques en las provincias de Taiz, Ibb, Sada y la capital, Saná, según denunciaron las autoridades hutíes. Esas autoridades culparon a Arabia Saudí, que apoya al gobierno internacionalmente reconocido con sede en Adén.
El ataque de peores consecuencias se produjo en el área de Duban, en el distrito de Al Turba, en Taiz. Allí, la cartera de Salud hutí dijo que un hombre y una mujer murieron y que otras seis personas resultaron heridas, entre ellas dos niñas, por ataques aéreos atribuidos a la coalición liderada por Arabia Saudí.
Las autoridades rebeldes también señalaron a la coalición por otro bombardeo mortal en una carretera de Yarim, en la provincia de Ibb, donde un hombre murió y otro resultó herido. Poco después, el portavoz de Salud hutí, Anís Alasbahi, denunció un herido más en un «bombardeo de la aviación enemiga saudí» en el distrito de Razi, en la provincia de Sada.
En Saná, Alasbahi alertó de una doble incursión aérea. El primer ataque dejó gravemente heridos a un hombre y una mujer en el distrito de Bani al Harit, en el norte de la ciudad. El segundo impactó en una fábrica de esponjas del sur capitalino y causó cuatro heridos, incluido un niño.
Bajo esta coyuntura, Alasbahi afirmó que «atacar barrios residenciales e instalaciones de producción constituye una violación flagrante del Derecho Internacional humanitario» y añadió que esos hechos «requieren investigación y la exigencia de responsabilidades a nivel internacional». Conviene mirar los incentivos: cuando la guerra se prolonga, el costo lo pagan primero los civiles y luego todo el entorno económico que depende de orden y previsibilidad.
Los ataques entre el bando hutí y el bloque formado por el Gobierno en Adén y la coalición encabezada por Riad no han cesado en las últimas semanas. El conflicto está dejando además consecuencias humanitarias en ascenso, con especial impacto sobre las familias.
Entre ellas está el número de personas desaparecidas, que desde julio supera las 1.800, según el Comité Internacional de la Cruz Roja en Yemen. El CICR precisó en redes que esa cifra corresponde a las solicitudes que ha recibido para localizar a personas desaparecidas por parte de familias desesperadas por encontrar a sus seres queridos.
Christine Cipolla, jefa de la delegación del CICR en Yemen, dijo que «las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos». Añadió que «detrás de cada persona desaparecida hay una familia que soporta el sufrimiento insoportable de la pérdida; su espera no debe prolongarse».
La historia sugiere cautela. Cuando la violencia aérea se normaliza y las instituciones humanitarias registran más desaparecidos, el equilibrio regional se deteriora y el espacio para una salida negociada se estrecha. El dato importa más que el ruido: sin protección de civiles ni rendición de cuentas, la guerra erosiona tanto la vida humana como cualquier posibilidad de reconstrucción.
