Las acciones de Webull, la plataforma de negociación de criptomonedas y corretaje, han caído casi 76% desde su salida a bolsa mediante una compañía de adquisición con propósito especial a comienzos del año pasado. El golpe bursátil llegó después de que un comité selecto bipartidista de la Cámara publicara un informe de 23 páginas sobre sus vínculos con China.
El documento, titulado «Free Trades, Hidden Ties Exposing Webull’s China Links», sostiene que «la arquitectura de propiedad, la fuerza laboral técnica, la infraestructura tecnológica, el enrutamiento transfronterizo de datos, el financiamiento corporativo y los marcos de cumplimiento» de Webull están ligados de forma estructural a la República Popular China, también llamada PRC en el informe.
Webull se ha descrito en el pasado como «tanto una empresa estadounidense como china» y ha afirmado que los datos de sus clientes en Estados Unidos se almacenan en el país y están «100% seguros» frente a extranjeros. Pero el informe señala que su fundador, presidente y director ejecutivo es Anquan Wang, un nacional chino. También indica que Wang controla la compañía mediante una estructura de acciones de doble clase con 79,2% del poder de voto, lo que le permite «controlar la elección de directores y otras decisiones corporativas importantes que requieren aprobación de los accionistas».
El comité afirmó que sus hallazgos subrayan «preocupaciones de seguridad nacional» que han escalado en los últimos años. Entre ellas, dijo que «las prácticas de datos de Webull exponen a inversionistas estadounidenses al riesgo legal y de vigilancia de la PRC».
La empresa ha negado reiteradamente que sea una herramienta de espionaje. Tras el informe, Webull cayó 20% en la apertura del miércoles y cerró con una baja de 19%, a 5,89 dólares por acción. Un portavoz de la compañía dijo que es «profundamente decepcionante» que el comité publicara un informe con «inexactitudes significativas y conclusiones no respaldadas» sin haber pedido aclaraciones. Añadió que Webull hizo «todo esfuerzo por cooperar» con el comité, pero no escuchó de él durante más de 20 meses antes de la publicación.
Webull sostiene además que su negocio en Estados Unidos se gestiona desde su sede global en St. Petersburg, Florida, y su oficina en Nueva York, mientras que los datos de clientes estadounidenses se almacenan en Estados Unidos y el acceso a datos sensibles está controlado desde ese país. El portavoz del comité respondió que el informe no cuestiona dónde se almacenan los datos, sino «quién puede alcanzarlos y los sistemas que los procesan».
El informe también enumeró seis hallazgos, entre ellos que Webull «tergiversó dónde trabajaban empleados clave y cómo eran supervisados», que su gobernanza está dominada por un control ligado a la PRC, que sus controles regulatorios eran más débiles de lo que sus garantías sugerían y que su subsidiaria aceptó financiamiento del gobierno de la PRC condicionado a la lealtad al Partido Comunista Chino mientras sus afiliadas se expandían en China. También expresó preocupación por sus salvaguardas de compensación y custodia.
El caso recuerda a las dudas regulatorias que rodearon a TikTok, donde también pesó el temor de que el Estado chino pudiera acceder a datos de usuarios para fines de espionaje. En esa plataforma, el presidente Trump llegó a buscar una prohibición, pero luego cerró un acuerdo con China en el que la subsidiaria estadounidense pasó a ser mayoritariamente propiedad de inversionistas estadounidenses y los datos quedaron en una nube operada por Oracle.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una plataforma que maneja datos sensibles aparece atrapada entre la vigilancia del Estado chino y la supervisión del aparato regulatorio estadounidense, la carga termina recayendo sobre el inversionista y sobre la confianza del mercado. La libre empresa depende de reglas claras, no de estructuras opacas que obliguen a los contribuyentes y a los reguladores a perseguir riesgos que debieron estar resueltos desde el principio.
La historia sugiere cautela. Si el problema no es solo dónde se guardan los datos, sino quién puede acceder a ellos y con qué arquitectura de control, entonces el debate deja de ser técnico y pasa a ser institucional. En un orden internacional más tenso, la seguridad de la información y la soberanía regulatoria ya no son asuntos periféricos: son parte del costo de hacer negocios.
