Un comité del Congreso de Estados Unidos señaló a Webull como un posible riesgo para la seguridad nacional por sus vínculos corporativos, tecnológicos y laborales con China. La advertencia pone bajo escrutinio a una plataforma que se presenta como estadounidense, pero cuya arquitectura empresarial, según los legisladores, mantiene lazos estructurales con la República Popular China.
El informe, difundido por CNBC, fue elaborado por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, integrado por legisladores de ambos partidos. Su conclusión central es que existe una «profunda brecha» entre la imagen comercial de Webull y el control efectivo de la empresa, con sede en San Petersburgo, Florida.
Según el documento, esa distancia no es solo de marca. Los legisladores sostienen que la arquitectura de propiedad, la fuerza laboral técnica, la infraestructura tecnológica, el movimiento transfronterizo de datos, el financiamiento corporativo y los mecanismos de cumplimiento mantienen lazos estructurales con China. En su lectura, eso podría dejar expuestos fondos y datos de los clientes.
La preocupación aumentó, de acuerdo con el informe, desde octubre de 2025, cuando Webull comenzó a custodiar directamente el efectivo de sus clientes. Para los legisladores, esa decisión generó una exposición estructural de miles de millones de dólares en capital estadounidense. Conviene mirar los incentivos: cuando una plataforma controla dinero, datos y sistemas críticos, el umbral regulatorio deja de ser un detalle técnico y pasa a ser un asunto de soberanía financiera.
La empresa cuenta con 28 millones de usuarios globales y ofrece servicios en 18 mercados a través de una red internacional de corredoras autorizadas. Sus clientes pueden operar con acciones, fondos cotizados en bolsa, opciones, futuros, participaciones fraccionadas y activos digitales. El informe también dice que Webull Corporation, una sociedad de cartera registrada en las Islas Caimán, administra USD 24.600 millones en activos de clientes.
La principal inquietud del Congreso es tecnológica. Los legisladores afirman que los sistemas centrales, el personal especializado y los flujos de datos podrían seguir sujetos a normas chinas que permiten exigir cooperación a las compañías, incluso mediante transferencias de información. El comité sostuvo además que las operaciones de desarrollo de software, los conductos de datos y la ingeniería principal dependen de infraestructura alcanzada de forma directa por las leyes de Beijing.
El reporte también menciona una subsidiaria ubicada en China continental que participa en el desarrollo tecnológico y en las operaciones de la plataforma. Los antecedentes del negocio se remontan a Hunan Fumi Information Technology Co., Ltd., una empresa china que lanzó originalmente la actividad. Webull fue fundada en 2016 por Wang Anquan, un exdirectivo de Alibaba y Xiaomi.
El comité afirmó que Webull informó datos incompletos sobre sus empleados. Según sus conclusiones, la empresa dijo inicialmente que no tenía oficinas ni empleados en la República Popular China y que toda su plantilla se encontraba en Estados Unidos. El informe sostuvo que esa descripción no reflejaba la situación operativa. La subsidiaria Hunan Weibu habría llegado a 863 empleados, equivalentes al 62% de la fuerza laboral mundial de Webull.
John Moolenaar, presidente del comité, dijo a CNBC que las operaciones de Webull en China ponen en riesgo a los inversores estadounidenses y a sus datos. «Los inversores deberían considerar esta información al elegir con quién hacen negocios», afirmó. También sostuvo que el uso de proveedores tecnológicos de China continental y una estructura de propiedad vinculada con ese país podría exponer información sensible al principal adversario de Estados Unidos.
Webull rechazó las conclusiones. Un vocero cuestionó que el comité divulgara el reporte sin pedir previamente aclaraciones a la compañía y calificó la situación de «profundamente decepcionante». La empresa aseguró que sus actividades en Estados Unidos se realizan desde su sede central global en San Petersburgo y desde su oficina de Nueva York, y que los datos de sus clientes estadounidenses se almacenan dentro del país.
En el plano político, el informe llega tras una cumbre de tono mayormente cordial entre Donald Trump y Xi Jinping en septiembre, y antes de nuevos encuentros previstos entre ambos antes de fin de año. Para los legisladores, el caso refleja una inquietud más amplia en el Capitolio: la posibilidad de que el Gobierno chino establezca posiciones dentro del sistema financiero estadounidense que puedan utilizarse para perturbar la economía ante una escalada del conflicto entre ambos países.
La lección es más amplia que un caso corporativo. Cuando una firma financiera opera con una estructura opaca y múltiples dependencias transfronterizas, el costo potencial no recae solo en sus accionistas o clientes, sino también en la confianza del mercado y en la seguridad de los ahorros que custodia. En una economía abierta, la libre empresa necesita competencia; también necesita reglas claras y defensa efectiva de los datos y del capital.
Si Washington cree que la seguridad nacional empieza a mezclarse con la infraestructura financiera, la respuesta no puede ser retórica. Tiene que ser regulatoria, verificable y rápida. El dato importa más que el ruido: o el sistema puede asegurar quién controla qué, o la desconfianza hará el trabajo que la supervisión no hizo.
