En el esquema que manejan los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la red criminal tejida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número 2 es el general Audomaro Martínez, según la fuente citada por el columnista. A Martínez se le vincula con el círculo de confianza presidencial desde los años 80, cuando conoció a López Obrador en Villahermosa, y más tarde fue comisionado para su seguridad en campañas por la gubernatura y la Presidencia.
Al llegar López Obrador a la Presidencia, nombró a Martínez director del Centro Nacional de Inteligencia. Desde ahí, de acuerdo con la columna, construyeron un «imperio del mal», en un sentido político-criminal, de seguridad y diplomático. La acusación es grave, pero debe leerse como una referencia atribuida a los servicios de inteligencia de Estados Unidos y a las noticias que llegan desde Washington, no como un hecho probado por este medio.
La pieza añade que desde la época en que Christopher Landau era embajador en México hubo una protesta porque Martínez habría entregado identidades de agentes estadounidenses en México a la Embajada de Rusia. Ante ese reclamo, López Obrador respondió que, de cualquier forma, «ya se conocían todos», según la reconstrucción del columnista. La queja habría continuado hasta el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha permitido que la embajada rusa en México tenga un 20% de personal superior a sus necesidades, la mayor parte de ellos, según acusa la columna, espías.
En el frente judicial y de inteligencia, la nota dice que noticias recientes llegadas de Washington por la vía de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, son alarmantes. Testigos cooperantes —algunos entre los 92 mexicanos que fueron desterrados ilegalmente a Estados Unidos— habrían involucrado directamente a Martínez con el contrabando de combustible, descrito como una variante del huachicol clásico, pero más redituable, inventada en el primer año del sexenio de López Obrador.
La columna también sostiene que en la red criminal que identifican los servicios de inteligencia estadounidenses, el número 1 es López Obrador y el número 2 Martínez. Los subalternos, número 3 y 4, serían Adán Augusto López Hernández y Leonel Cota. Después vendrían varios secretarios de Estado y líderes de Morena, y más abajo gobernadores y legisladores. De nuevo, se trata de atribuciones de terceros que deben leerse como tales.
Otro nombre que aparece es Sergio Carmona, descrito como el «rey del huachicol». Según la columna, financió ocho campañas de Morena para gobernador en 2021 y fue asesinado a finales de ese año por un sicario que, de acuerdo con información de inteligencia mexicana, fue contratado por militares para ejecutarlo. También se afirma, citando fuentes estadounidenses, que Carmona era el enlace de Martínez con cárteles mexicanos y que, pocas semanas antes de ser asesinado, Martínez lo envió a reunirse en Puerto Vallarta con Audias Flores Silva, quien al ser abatido Rubén Nemesio Oseguera se convirtió en líder temporal del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La nota advierte, además, que si la interpretación de funcionarios mexicanos es correcta, la investigación podría desdoblarse hacia Mario Delgado, Pedro Haces, Ricardo Peralta, Horacio Duarte y abogados cercanos al entorno mencionado. Esa posibilidad, por ahora, queda en el terreno de lo que se teme y no de lo que se ha probado públicamente.
Más allá de la precisión de cada eslabón, el dato político es claro: la Presidencia queda expuesta cuando la seguridad, la inteligencia y la diplomacia se mezclan con redes criminales, reales o presuntas, y con sus costos para el Estado. Conviene mirar los incentivos. Cuando una red así prospera, no solo se erosiona la legalidad; también se debilita la capacidad del gobierno para imponer orden y proteger la confianza pública.
El asunto también carga un costo externo. La relación con Washington no se ordena con discursos, sino con hechos verificables. Si las autoridades mexicanas no aclaran estas denuncias, la presión seguirá creciendo sobre la Presidencia y sobre la estructura política que permitió que el caso llegara tan lejos. El principio en juego es simple: sin Estado de derecho, la libre empresa, la seguridad y la credibilidad institucional pagan la factura.
