La crisis de la vivienda volvió a chocar con la aritmética parlamentaria en España. Junts per Catalunya, PP y Vox tumbaron el viernes dos decretos aprobados dos días antes por el Consejo de Ministros, en un pulso que dejó sin salida inmediata medidas pensadas para dar mayor protección a los inquilinos, evitar desahucios y limitar la compra de viviendas a fondos buitre.
El bloqueo no cayó en el vacío. En la última semana se habían extendido por distintos puntos del país protestas tras el desahucio de Maricarmen Abascal, mientras en Madrid continuaba la acampada en la Puerta del Sol. La tensión social y política por la vivienda alcanzó así un nivel inédito, con el Gobierno negociando bajo presión y con el mercado inmobiliario otra vez en el centro del conflicto.
Junts sostuvo que los decretos alimentaban «una falsa esperanza», trasladaban «inseguridad jurídica» a los pequeños propietarios y reducían la oferta del alquiler. El mismo viernes, presentó al Ejecutivo un decreto alternativo que reforzaba la protección de los propietarios y recortaba varias garantías para los inquilinos: eliminaba la regulación de los alquileres de habitación y de temporada, convertía en voluntarias las prórrogas de los contratos y limitaba el escudo antidesahucios.
Míriam Nogueras dijo que los decretos perjudican a los pequeños propietarios. Pero José Manuel López, ingeniero y urbanista, defiende que las medidas buscaban dar estabilidad a propietarios e inquilinos al limitar la especulación y acusa a Junts de haber hecho «un mal diagnóstico». A su juicio, el partido nacionalista ha construido «una ideología y unos datos que no existen sobre los caseros» con un cálculo político «realmente incomprensible».
López sostiene que Junts ha intentado introducir una capa ideológica en un asunto que no lo es. «Sus votantes no solo son caseros, sino también inquilinos, y sobre todo gente sensata», afirmó. El punto de fondo, añadió, es material: la gente ya no puede más, y el problema no se limita a los desalojos, sino también a compartir piso con varias personas con más de 40 años, a no poder emanciparse o incluso a no poder divorciarse por la situación actual del mercado inmobiliario.
La encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER refuerza ese diagnóstico político. Según ese sondeo, el 67,5% se muestra a favor de que el Estado regule los precios de la vivienda, incluso si ello perjudica las ganancias de los propietarios. El apoyo trasciende a la izquierda: alcanza al 95,8% de los simpatizantes de Sumar, al 85,4% de los de Podemos y al 82,6% de los del PSOE, pero también a más de la mitad de quienes se identifican con el PP, con un 56,5%, y Vox, con un 55,2%. Solo el 21,7% considera que los precios deberían quedar sujetos a la oferta y la demanda, sin intervención pública. Entre los arrendadores consultados, el 56,5% respalda establecer límites a las rentas.
Los datos del INE muestran una estructura de mercado difícil de ignorar: España cuenta con 3,9 millones de viviendas en régimen de alquiler. Algo más de un millón están en manos de empresas privadas, y más de la mitad pertenece a sociedades que poseen diez o más inmuebles, según el Catastro de 2025. A la vez, el INE indica que hay 3,8 millones de viviendas vacías, un 14% del total, muchas de ellas desocupadas desde hace años.
López distingue entre propietarios que alquilan como una forma de ahorro y quienes intentan especular, como los fondos buitre, y defiende regular el mercado para dar estabilidad a los inquilinos y evitar que «dejen de vivir en una ruleta rusa». También plantea impuestos sobre las viviendas desocupadas y una agencia pública que dé garantías a los propietarios ante eventuales impagos o incidencias.
La lectura política es clara: cuando el Estado intenta corregir un mercado fallido, el Parlamento decide si protege la propiedad como privilegio inmóvil o como instrumento compatible con reglas previsibles. Conviene mirar los incentivos. La vivienda, en una economía normal, debería ser un activo para vivir, no una apuesta blindada por la inseguridad jurídica ni una condena para quien necesita alquilar.
Lo que se discute no es solo un paquete de decretos, sino el equilibrio entre libertad económica y protección social. Si las instituciones no ofrecen reglas estables, la escasez se agrava y el coste acaba trasladándose al inquilino, al propietario cumplidor y, en último término, al conjunto de los contribuyentes cuando el problema exige más aparato estatal para corregirse.
