La protesta empezó frente a la Embajada de Israel y terminó en la sede de la Embajada de Palestina en Bogotá. En el recorrido por la Avenida El Dorado, centenares de manifestantes portaron banderas palestinas, kufiyas y pancartas con mensajes como «Poner fin al genocidio de Israel/EEUU contra Gaza» y «Alto al genocidio en Palestina».
La marcha ocurrió durante el tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo islamista Hamás. Según el texto difundido por la representación israelí en el país, la embajadora Vivian Aisen denunció vandalismo en su sede tras la protesta.
Aisen escribió en X que el 7 de octubre representa «un día de duelo, memoria y respeto». También afirmó: «Mientras recordamos a las víctimas de la masacre, una turba decidió manifestarse frente a la Embajada de Israel, convirtiendo un día de dolor en una provocación». Añadió que manifestarse allí fue «una profunda falta de empatía y respeto» y que «la ignorancia y el fanatismo les llevan a cruzar cualquier límite».
Entre las consignas que se escucharon estuvo «Fuera sionistas de América Latina» y «No es una guerra, es un genocidio». María, integrante del Partido Socialista de los Trabajadores, sostuvo: «Estamos aquí rechazando el genocidio y la ocupación israelí contra Palestina».
La manifestante agregó que «Palestina siguió ocupada, todos los días son asesinadas personas en Gaza y Cisjordania y dentro de las propias fronteras de Israel, y Gaza se encuentra destruida, las personas están bajo los escombros, todos los días hay masacres, todos los días hay bombardeos y por eso es superimportante este día a nivel internacional».
La movilización también fue usada para cuestionar al presidente Abelardo de la Espriella, a quien se atribuye un giro en la política exterior al profundizar vínculos con Estados Unidos y restablecer relaciones con Israel, rotas en mayo de 2024 por Gustavo Petro. María Eugenia Martínez dijo que «Con Petro por lo menos hubo un corte de relaciones con Israel, pero ahora están de vuelta; es una situación inaceptable».
Jorge Martínez, por su parte, señaló que «el Gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión correcta de romper política y económicamente con el Estado de Israel a causa del genocidio», y lamentó que esa medida no se hubiese extendido por más países de la región.
Los hechos del 7 de octubre dejaron «casi 1.200 muertos y 251 rehenes», según la fuente. En respuesta, la ofensiva militar israelí ha dejado «cerca de 74.200 palestinos muertos», según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza; el texto añade que la situación es definida como genocidio por expertos de la ONU y diversas organizaciones.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una protesta termina en denuncias de vandalismo frente a una sede diplomática, el debate deja de ser solo geopolítico y vuelve a una pregunta elemental: quién protege el espacio público y quién asume el costo de degradarlo. El derecho a manifestarse no convierte en virtud el daño a bienes ajenos ni la intimidación simbólica contra representaciones extranjeras.
También importa el mensaje político. Si la calle se usa para presionar la política exterior, el resultado inmediato suele ser más polarización, más presión sobre el orden público y menos margen para una diplomacia seria. En una capital como Bogotá, el Estado debería garantizar protesta y seguridad al mismo tiempo, no elegir entre ambas ni tolerar que una desplace por completo a la otra.
