Federico Sturzenegger salió al cruce de Alfonso Prat-Gay, quien había dicho que Vaca Muerta «no genera derrame» sobre la economía. En una extensa publicación en X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado calificó ese diagnóstico de «equivocado» y lo ubicó dentro de un «coro de analistas críticos del Gobierno».
El funcionario defendió el impacto del petróleo y la minería sobre el empleo y la generación de riqueza. Según sostuvo, el efecto de estas actividades excede los puestos creados de manera directa por la industria y se extiende a proveedores, servicios y otras ramas productivas.
Sturzenegger distinguió tres planos. Primero, los empleos directos asociados a la producción. Después, los «encadenamientos hacia atrás», es decir, la demanda de bienes y servicios que necesita la industria para operar. Allí mencionó máquinas, equipos, caños, vehículos, infraestructura y servicios, además de consumos como comercio, salud, esparcimiento y educación para las familias de los trabajadores.
Luego habló de los «encadenamientos hacia adelante»: empleos que se posibilitan por la disponibilidad del insumo, ya sea energía o minerales, para otras industrias. Puso como ejemplo a la petroquímica, los fertilizantes y cualquier producción que use intensivamente energía o minerales.
El ministro afirmó que estos impactos pueden medirse con herramientas como la matriz insumo-producto. Citó un caso concreto: «por cada puesto en la producción petrolera se generan cinco puestos adicionales en sus encadenamientos hacia atrás».
Pero su argumento central fue otro. Aun si la energía y la minería no crearan ningún empleo ni generaran encadenamientos, dijo, sí generarían riqueza. Esa riqueza, añadió, termina en parte en proveedores, en parte en el Estado a través de impuestos y regalías, y en parte en accionistas. Después, ese dinero se gasta en consumo, inversión o gasto público, lo que impulsa nuevas actividades económicas y crea puestos de trabajo en sectores ajenos a la extracción de recursos.
Para ilustrar ese razonamiento, Sturzenegger tomó el caso de Arabia Saudita. Señaló que la industria petrolera de ese país emplea de manera directa entre 100.000 y 200.000 personas, según la medición, pero que la riqueza generada sostiene una fuerza laboral cercana a los 10 millones de trabajadores. «Esos empleos no están ni en la industria, ni en los encadenamientos: son empleos que se sostienen por la riqueza que creó la industria», sostuvo.
También vinculó el crecimiento de la energía y la minería con la posibilidad de reducir impuestos provinciales. Mencionó en particular a Neuquén, Río Negro y Catamarca. Dijo que las dos primeras ya eliminaron IIBB para varias actividades, como la turística, y que Catamarca lo hizo para la producción industrial. A su juicio, esas bajas crean espacio para la expansión de otras industrias.
La discusión revela algo más profundo que una disputa semántica entre economistas. Conviene mirar los incentivos. Si una economía logra convertir recursos naturales en inversión, empleo y más actividad privada, el beneficio no queda encerrado en la torre de perforación ni en la contabilidad de una sola empresa. Se expande hacia la cadena productiva y, sobre todo, hacia la recaudación, el consumo y la creación de nuevas oportunidades.
Pero también hay una advertencia implícita para el aparato estatal: cuando el crecimiento depende de actividades intensivas en capital, la tentación de gravarlas en exceso puede terminar frenando la expansión de la base tributaria que el propio Estado necesita. El dato importa más que el ruido. La verdadera pregunta no es si Vaca Muerta crea empleo directo; es si la política logra convertir esa riqueza en más producción, menos impuestos y una economía menos dependiente de la burocracia.
