El aeropuerto de Entebbe se convirtió la semana pasada en el escenario más reciente de la campaña de Pekín para erosionar la presencia internacional de Taiwán. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, funcionarios de inmigración ugandeses retuvieron los pasaportes de tres ciudadanos taiwaneses a su llegada y les exigieron, «sin fundamento», presentar un pasaporte chino para estampar en él el sello de entrada antes de devolverles su documentación. La justificación invocada fue la aplicación de la «política de una sola China» de Uganda.
Aunque los tres viajeros fueron finalmente autorizados a ingresar al país, el episodio constituye el segundo caso de este tipo registrado en Uganda. La Cancillería taiwanesa subrayó que el Gobierno ugandés no ha anunciado oficialmente ningún ajuste en su normativa de visados ni en sus condiciones de entrada para ciudadanos de la isla, lo que convierte la medida en una acción discrecional de funcionarios de frontera sin respaldo regulatorio publicado.
Ante ello, el ministerio instó a sus ciudadanos a «evaluar con cautela» la necesidad y los «riesgos potenciales» de viajar a Uganda en el corto plazo, y pidió a quienes ya se encuentren en el país que «extremen la vigilancia y mantengan un contacto estrecho» con las representaciones diplomáticas taiwanesas competentes.
El incidente no es aislado. El mes pasado, Taiwán suspendió la tramitación de visados para ciudadanos marroquíes después de que Rabat impusiera una medida equivalente. En junio, Taipéi se retiró de una conferencia sobre los océanos tras la detención de dos miembros de su delegación por las autoridades de inmigración kenianas. Y en abril, el presidente Lai aplazó un viaje previsto a Esuatini —el único aliado diplomático de Taiwán en África— después de que Seychelles, Mauricio y Madagascar revocaran los permisos de sobrevuelo de su avión presidencial por presuntas presiones de Pekín.
El patrón es claro: la República Popular China aplica presión sistemática sobre terceros Estados para que traduzcan su adhesión formal a la política de una sola China en obstáculos concretos a la movilidad de los ciudadanos taiwaneses. No se trata ya de disputas sobre reconocimiento diplomático en cancillerías, sino de fricciones que afectan directamente a personas en ventanillas de aeropuerto.
En la actualidad, Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con solo doce Estados: siete en América Latina y el Caribe, tres en el Pacífico, uno en África y uno en Europa —la Santa Sede—. Cada incidente como el de Entebbe reduce aún más el margen de maniobra de Taipéi y envía una señal a los gobiernos que todavía mantienen vínculos con la isla.
Conviene mirar los incentivos. Para Uganda y otros países africanos, la relación económica con Pekín pesa infinitamente más que cualquier consideración sobre los derechos de tránsito de unos pocos viajeros taiwaneses. China no necesita declarar una política oficial: le basta con que funcionarios de frontera actúen en consecuencia. El resultado es una forma de coerción que opera por debajo del umbral de los tratados y los comunicados, difícil de rebatir en foros multilaterales y costosa de ignorar para las democracias que defienden el orden internacional basado en reglas. El dato importa más que el ruido: cuando un pasaporte soberano debe ser avalado por el pasaporte del adversario para cruzar una frontera, la disputa ha dejado de ser simbólica.
