El 15 de julio, Volodimir Zelensky y Ursula von der Leyen firmaron en el Palacio Mariinsky de Kiev un acuerdo para la producción conjunta de drones y misiles de largo alcance financiado con 10.000 millones de euros, parte de un préstamo total de la UE a Ucrania valorado en 90.000 millones de euros. Las carpetas azules y las sonrisas de rigor no podían disimular, sin embargo, una brecha creciente entre las obligaciones asumidas y los avances reales.
Ucrania debería haber comenzado a aprobar legislación de reforma seis meses antes de que se inauguraran formalmente las negociaciones de adhesión en junio, según un plan de diez puntos firmado en diciembre pasado por el comisario de ampliación de la UE y el ministro ucraniano de Integración Europea. El resultado hasta ahora: el gobierno ha presentado cuatro proyectos de ley y el parlamento ha aprobado solo dos. Una coalición de ONG ucranianas califica el progreso con 15 sobre 100.
El sistema judicial concentra las alarmas más serias. A principios de julio, un tribunal de distrito intentó prohibir la publicación de un informe anticorrupción que mencionaba al director de la Oficina Estatal de Investigación. Según las denuncias, el hermano del director habría adquirido propiedades a precios muy inferiores a su valor de mercado; ambos niegan irregularidad alguna. El 9 de junio, el Parlamento aprobó una ley que, según los reformistas, facilita a los jueces ocultar sus bienes. El expresidente del Tribunal Supremo fue condenado recientemente a cinco años de prisión por soborno, y la Fiscalía General estuvo involucrada el verano pasado en un intento de debilitar a los organismos anticorrupción.
Las encuestas citadas en el informe revelan que los inversores extranjeros señalan el estado de derecho como su mayor preocupación, por encima incluso de la defensa y la seguridad. Tres de cada cuatro ucranianos, según otra encuesta reciente, no confían en los tribunales.
La UE ha respondido con indulgencia. La reforma judicial figura formalmente como condición para el desembolso de los préstamos, pero el 8 de junio se transfirió un séptimo tramo de 2.800 millones de euros sin avances verificables. Jakub Parusinski, consultor político en Kiev, lo describe con precisión: «El enfoque es: ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer? ¿Qué es suficiente?».
Mykhailo Zhernakov, exjuez y director de la Fundación Dejure, advierte que las largas listas de exigencias permiten esconder lo importante detrás de logros menores: «Se puede decir: "¡Hemos digitalizado las sentencias judiciales, bravo!". Pero no importa que no hayamos hecho nada con respecto al Tribunal Supremo». El ministro saliente de Integración Europea, Taras Kachka, responde a las críticas de los reformistas con sarcasmo, comparando la redacción de un código legal con pedir comida a domicilio.
Zelensky ha perdido la mayoría parlamentaria y debe negociar cada proyecto de ley, aunque un diputado reformista señala que puede construir mayorías cuando lo desea, como demostró en la reciente remodelación ministerial. Gran parte de la resistencia a las reformas proviene del propio gobierno, que emplea lo que Zhernakov llama «bingo de tonterías antirreformas»: argumentos que van desde la inconstitucionalidad hasta la imposibilidad en tiempos de guerra.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una institución financia con decenas de miles de millones de euros a un receptor sin hacer cumplir las condiciones pactadas, no está ejerciendo presión: está subsidiando el statu quo. Un diputado ucraniano lo confirma sin rodeos: dentro del gobierno existe «la percepción de que los criterios de referencia se renegociarán y se retirarán de la agenda». Al aceptar la ley defectuosa sobre las declaraciones patrimoniales de los jueces, la UE abrió, según el mismo diputado, «la caja de Pandora».
El dato importa más que el ruido. Una Ucrania integrada en la UE con un poder judicial capturado y una Fiscalía politizada no refuerza el orden institucional europeo: lo erosiona desde adentro. La solidaridad con Kiev ante la agresión rusa es un imperativo legítimo; confundirla con la renuncia a la condicionalidad es un error que los contribuyentes europeos pagarán dos veces.
