El debate no es técnico. Es político, estratégico y, sobre todo, humano. Según Marianna Tretiak, presidenta de la American Coalition for Ukraine, el presidente Donald Trump considera un acuerdo por el que Moscú suministraría hasta 5 millones de toneladas métricas de diésel a los mercados de Estados Unidos y del mundo a cambio de relajar las sanciones estadounidenses sobre el combustible ruso.
Tretiak afirma que esa apuesta «no es sensata» y que Estados Unidos ganaría poco, mientras Vladimir Putin saldría beneficiado. Su argumento parte de un hecho brutal: el 25 de septiembre un dron ruso impactó el apartamento de Daniel Umansky en Kyiv, lo mató e hirió a su madre. Daniel tenía 14 años y estaba haciendo una tarea escolar cuando ocurrió el ataque.
Tretiak añade que Daniel no es el primer civil ucraniano muerto por los militares rusos ni será el último. La ONU cuenta al menos 200 civiles muertos y más de 1,200 heridos el mes pasado, según su recuento citado en la pieza. En esa misma línea, sostiene que dejar fluir energía rusa al mercado equivale a financiar la guerra de Putin.
El centro de la crítica es claro: el acuerdo, dice Tretiak, no aborda las causas de la escasez de diésel. Se basa en la idea equivocada de que la capacidad de refinado rusa puede encenderse de inmediato. Moscú, añade, ha mostrado repetidamente que prioriza sus necesidades internas sobre las ventas internacionales, y que todavía necesitará meses para reparar su capacidad de refinado.
La guerra energética tampoco se desarrolla en un vacío. Tretiak afirma que Ucrania ha dicho repetidamente que está dispuesta a cesar los ataques contra el sector energético ruso si Moscú hace lo mismo. También sostiene que Ucrania siguió el último llamado de Trump a una tregua energética y suspendió los ataques contra refinerías e infraestructura petrolera rusa durante varios días. Rusia, en cambio, lanzó el miércoles un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana, con muertos civiles y daños extensos.
Conviene mirar los incentivos. Si el Kremlin puede obtener ingresos por ventas de energía mientras mantiene su campaña militar, la presión para cambiar de conducta disminuye. Si, además, Washington relaja sanciones después de pedir a otros países que reduzcan su dependencia de la energía rusa, el mensaje para aliados y adversarios se vuelve confuso.
Tretiak advierte también sobre el costo geopolítico. Dice que el trato dañaría la credibilidad estadounidense en temas de seguridad nacional y haría más difícil reunir apoyo internacional frente a China e Irán. Según su argumento, Rusia incluso podría usar esa ganancia para ampliar su arsenal de misiles iraní, con riesgos para el personal militar estadounidense si se reanudan hostilidades en el Golfo Pérsico.
El dato importa más que el ruido. Si la escasez de diésel se explica también por refinerías que procesan menos combustible que antes, como sostiene Tretiak al citar a productores de Oriente Medio, entonces el remedio de relajar sanciones sobre Rusia luce todavía más torpe. Premia al agresor, no resuelve de raíz el problema y deja a Kyiv cargando con el costo estratégico y humano.
Para una Casa Blanca que dice defender los intereses estadounidenses, el cálculo debería ser más exigente. Un acuerdo que abarata el diésel a corto plazo, pero fortalece a Moscú y prolonga la guerra, no es una muestra de pragmatismo sino de mala aritmética política. La historia sugiere cautela: cuando la coerción se premia con concesiones, la próxima exigencia suele ser mayor.
