Dos familias paraguayas pidieron este miércoles ayuda al gobierno del presidente Santiago Peña para rescatar a sus hijos enrolados en la guerra entre Ucrania y Rusia. Según reportó el diario ABC Color, ambos jóvenes habrían ingresado al conflicto bajo engaños y promesas de pagos generosos.
El primero de los casos involucra a Derlis López, de 21 años, quien viajó en abril pasado a Ucrania para enlistarse en el ejército de ese país. Su padre, Cristhian López, informó que perdió contacto con su hijo hace seis días, lo que ha generado una enorme preocupación familiar. El hombre solicitó a las autoridades paraguayas que actúen a través de sus embajadas en Europa para rescatar a los connacionales enrolados en este conflicto, que estalló en febrero de 2022 y que, según las fuentes, ha dejado cerca de 1,8 millones de bajas.
El segundo caso es el de Isidro Duarte, cuyo padre, Marcial González, denunció que su hijo se sumó al ejército ruso hace aproximadamente un mes, probablemente atraído por una importante promesa económica. González atribuyó este fenómeno a la falta de empleo en Paraguay y señaló directamente a las autoridades como responsables de las condiciones que lo hacen posible.
El gobierno paraguayo no es ajeno al problema. El pasado 30 de julio, el canciller Rubén Ramírez reconoció públicamente, durante el foro «Paraguay Sin Trata», que ciudadanos paraguayos han sido «conducidos de manera engañosa a ser mercenarios de las guerras que se enfrentan en diversas partes del mundo, en particular en Rusia y Ucrania». Sin embargo, el titular de Exteriores no precisó el número de muertos ni los bandos en que combatían sus connacionales.
La prensa local ha informado, citando diversas fuentes, de la muerte o desaparición de al menos cuatro ciudadanos paraguayos durante combates en esta guerra. Las autoridades no han confirmado esa cifra.
Paraguay no es el único país de la región afectado. Fuentes consultadas por La Prensa de Panamá señalan que al menos 30 panameños participan en el conflicto, y en ese país fue detenido un presunto reclutador.
El dato importa más que el ruido. Lo que estas historias revelan no es solo una tragedia familiar: es el fracaso del Estado en proteger a sus ciudadanos más vulnerables frente a redes de trata laboral que operan con impunidad. Cuando un gobierno no genera las condiciones para el empleo formal y la movilidad social legítima, el vacío lo llenan intermediarios que venden promesas de dinero fácil a jóvenes sin opciones. El costo lo pagan las familias; la responsabilidad, al menos en parte, recae en quienes administran el aparato estatal.
Conviene mirar los incentivos. Las redes de reclutamiento fraudulento prosperan donde la institucionalidad es débil y la desesperación económica es alta. La respuesta no puede limitarse a declaraciones en foros internacionales: exige acción consular efectiva, persecución penal de los reclutadores y, sobre todo, políticas que amplíen las oportunidades reales de los jóvenes paraguayos dentro de sus propias fronteras.
