Este viernes 2 de octubre de 2026 vence el permiso de trabajo vinculado al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, medida que afectará alrededor de 5.000 venezolanos, el último grupo que aún contaba con esa autorización.
Un reportaje de Telemundo recabó testimonios de venezolanos que tenían TPS y cuyo estatus legal ahora queda en incertidumbre. Entre ellos, una mujer identificada como Martina López relató que hace 11 años inició su proceso migratorio en el noroeste de Estados Unidos. Mientras esperaba respuesta para su solicitud de asilo, logró tramitar el TPS para permanecer legalmente en el país, pero ahora enfrenta la pérdida de la protección que le otorgaba el documento.
López, quien optó por no revelar su nombre por miedo a represalias, es madre soltera y asume el cuidado de sus dos hijos y de su padre de 72 años, que sufre de diabetes e hipertensión. Dijo que hace meses recibió una llamada para asistir a la primera entrevista relacionada con su solicitud de asilo.
La venezolana mantiene la esperanza de que se reactive el TPS, «porque la situación en Venezuela no ha mejorado». «En Venezuela nada ha cambiado, la persecución sigue siendo la misma», aseguró.
La administración de Donald Trump sostiene que la situación en Venezuela dio un giro tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Pero en la calle, según el reportaje citado, la historia es distinta: además de la crisis en los servicios básicos, los venezolanos enfrentan altos índices de inflación, devaluación del bolívar e impacto de los terremotos del 24 de junio.
Adelys Ferro, presidenta de la ONG Venezuelan American Caucus, considera que la suspensión del TPS por la administración de Donald Trump representa «una decisión racista, xenófoba y discriminatoria» hacia la comunidad venezolana. Ferro añadió que conceder de nuevo el TPS sería reconocer que Venezuela sigue en un caos y que, en realidad, al actual gobierno de Estados Unidos no le importa Venezuela.
Como en el caso de López, miles de venezolanos que no renovaron el Estatus de Protección Temporal quedaron sin permiso de trabajo desde septiembre de 2025. Esa situación antecedió a la decisión del gobierno de Trump de eliminar la emisión del documento que llegó a beneficiar a más de 600.000 venezolanos.
Kathia Quirós, abogada de inmigración, dijo que muchos venezolanos permanecen en Estados Unidos esperando cambios en la ley porque «no es gente que se quiere quedar, es gente que se queda porque no tiene otra opción».
Conviene mirar los incentivos. Cuando un país convierte la autorización laboral en una prórroga política, el resultado es una población atrapada entre la espera y la inseguridad jurídica. El dato importa más que el ruido: al menos 5.000 personas quedan expuestas a perder su permiso en un solo día, mientras el aparato estatal vuelve a mostrar cuán frágil puede ser la protección temporal.
También queda una lección para la política migratoria estadounidense. Si la Casa Blanca actúa sobre la base de una lectura optimista de la situación en Venezuela, el costo lo pagan individuos concretos, familias y empleadores. La libertad de trabajar no debería depender de giros administrativos tan bruscos; cuando eso ocurre, la incertidumbre se vuelve una herramienta de gobierno más que una excepción.
