El vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref, afirmó que Teherán dispone de un «plan» para responder a lo que describió como una «guerra económica» impulsada por Estados Unidos. Sus declaraciones, recogidas por la cadena estatal IRIB, se producen mientras el Tesoro estadounidense aplica sanciones a entidades bancarias acusadas de facilitar la financiación de estructuras que protegen los activos de la República Islámica en el exterior.
«Tenemos un plan para la guerra económica, el enemigo será derrotado también en este frente», declaró Aref, según la transcripción difundida por IRIB. El funcionario sostuvo que Washington «pensó que podría lograr sus objetivos utilizando a un grupo de matones de poca monta, pero este cálculo también fue erróneo».
Aref fue más allá al describir la resistencia económica como un imperativo casi doctrinal: «El enemigo también ha atacado el capital social del sistema, por lo tanto, preservar el capital social es una necesidad y una especie de yihad mayor». El lenguaje religioso no es casual: busca movilizar respaldo interno frente a una presión financiera que, según el propio Tesoro, apunta directamente a asfixiar los ingresos del régimen.
La estrategia estadounidense, tal como la enmarca el propio Departamento del Tesoro, no se limita a sancionar exportaciones de petróleo o activos identificables del Estado iraní. Apunta a la arquitectura bancaria que permite a Teherán mover y resguardar capital fuera de sus fronteras, un objetivo más profundo: cerrar las rutas por las que el régimen sortea el aislamiento financiero.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un gobierno recurre a retórica de «yihad mayor» para justificar la defensa de su sistema bancario, admite implícitamente que las sanciones han encontrado un punto sensible. No se declara una guerra ideológica por una medida cosmética; se declara cuando el mecanismo de financiamiento del aparato estatal está en riesgo real.
El anuncio de un «plan» sin detalles específicos es, por ahora, más gesto político que hecho verificable. Irán ha enfrentado sanciones económicas de manera intermitente durante más de cuatro décadas y ha desarrollado mecanismos de elusión —desde redes de intermediarios hasta acuerdos con socios dispuestos a operar al margen del sistema financiero occidental—. La pregunta que queda abierta es si esta nueva ronda, centrada en las entidades bancarias que sostienen esas redes en el exterior, logra un efecto distinto al de sanciones anteriores.
El dato importa más que el ruido. Lo verificable hoy es que el Tesoro estadounidense ha ampliado el frente de sanciones hacia el sistema bancario que resguarda activos iraníes, y que Teherán ha respondido con un discurso de resistencia sin ofrecer detalles concretos sobre las medidas que aplicará. La historia sugiere cautela ante anuncios de contraofensivas económicas que, hasta ahora, no vienen acompañados de cifras ni mecanismos verificables.
Para Washington, la lógica es clara: presionar los canales financieros que sostienen al régimen es más efectivo, a largo plazo, que sanciones simbólicas al petróleo. Para Teherán, la retórica de guerra santa económica funciona como cohesión interna ante un desgaste que sus propias autoridades reconocen implícitamente al calificarlo de amenaza existencial. El resultado de este pulso, más que en los comunicados, se medirá en los próximos meses en el acceso real de Irán a divisas y en la salud de los bancos que hoy están en la mira del Tesoro.
