Las calles de Yuba amanecen entre la apatía y el nerviosismo. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, se asoma a sus primeras elecciones generales, previstas para el 22 de diciembre, en medio de una secuencia de problemas que combina violencia, parálisis logística y una profunda falta de consenso sobre el futuro del proceso de paz.
En el centro del pulso político está la decisión de Salva Kiir, adoptada el 22 de septiembre, de disolver el Gobierno de Transición de Unidad Nacional, el parlamento y los gobiernos estatales. En su lugar, impuso autoridades provisionales leales a su figura hasta que se celebren los comicios. El movimiento reordenó el tablero político y dejó al Ejecutivo provisional sin los contrapesos previstos por el acuerdo de paz de 2018, que puso fin a la guerra civil.
La oposición ya tomó distancia. El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición, liderado por Riek Machar, y la Alianza de Movimientos de Oposición consideran que votar sin completar los acuerdos de seguridad y sin una constitución definitiva equivale a «dinamitar» la transición.
La tensión no se limita a la capital. En estados como Jonglei, Alto Nilo, Unidad y Warrap, los choques armados y los conflictos intercomunitarios continúan. Solo en Jonglei, la ONU contabilizó en enero más de 180.000 desplazados tras una ola de enfrentamientos. En agosto, una emboscada contra una patrulla de cascos azules dejó dos efectivos de la ONU muertos y otros siete heridos.
Ese contexto alimenta el temor a una nueva espiral de violencia. Manthiang Angok, analista político, advierte de que forzar la cita electoral en estas condiciones puede ser el detonante de un nuevo ciclo de hostilidades. «Existe una alta probabilidad de un repunte de violencia en gran parte del país», dijo. «Ciertos grupos armados consideran que avanzar hacia las elecciones sin un consenso amplio bloquea definitivamente cualquier vía de negociación política que garantice su participación», añadió.
A la disputa de poder se suma un problema institucional. Poco antes de la disolución de las cámaras, el parlamento aprobó una reforma de la ley electoral de 2012 que blindó la permanencia de Kiir al frente de la presidencia hasta la toma de posesión del mandatario electo, pero decretó el cese del resto de las instituciones transitorias. Aban James, jurista y docente de la Universidad Católica de Sudán del Sur, advirtió que las enmiendas dejaron al jefe de Estado con amplias atribuciones, pero sin un órgano legislativo activo. Si los comicios se posponen, el país podría quedar en un vacío constitucional, sin parlamento capacitado para gestionar crisis o ajustar plazos legales.
La logística tampoco ayuda. La Comisión Electoral Nacional quiere hacer un censo presencial y manual en un país castigado por la falta de carreteras y las dificultades de transporte. Además, de los 250 millones de dólares necesarios para organizar la logística, el Gobierno central apenas había transferido 25 millones a finales de septiembre. Gabriel Bol Deng, presidente de la Comisión Electoral, confirmó que las delegaciones en los diez estados y en las tres zonas administrativas especiales carecen de recursos básicos: oficinas, vehículos, equipos informáticos y fondos para pagar salarios.
«Estamos en una carrera contrarreloj, pero la falta de recursos dificulta gravemente nuestra capacidad operativa», admitió Deng.
Con el calendario apretando y el consenso estancado, las partes en el diálogo de Yuba exploran alternativas. Una de las opciones con más fuerza es reducir el alcance de los comicios y votar solo la presidencia, los gobernadores estatales y el parlamento nacional, dejando para más adelante el resto de instituciones locales.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un país depende de instituciones transitorias, dinero escaso y pactos que nadie termina de respetar, el proceso electoral deja de ser una celebración de la soberanía popular y se convierte en una prueba de capacidad estatal. El dato importa más que el ruido: sin recursos, sin seguridad y sin contrapesos, la burocracia no vota por sí sola.
La historia sugiere cautela. Si el poder concentra más autoridad mientras se vacían los mecanismos de control, la transición pierde credibilidad y el coste recae sobre la población. Lo que está en juego no es solo una fecha en el calendario, sino la posibilidad de que el Estado funcione con reglas estables y no con improvisación permanente.
