Treinta personas fueron detenidas en Sudáfrica por las protestas contra la inmigración irregular que desde el pasado jueves derivaron en disturbios en el este y el norte del país, en un contexto de ataques xenófobos, informó la Policía.
De las 30 detenciones, 25 se realizaron en KwaZulu-Natal y cinco en Gauteng, por delitos que incluyen violencia pública, reuniones ilegales, obstrucción y resistencia a la autoridad, dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en una nota publicada por medios locales.
Entre los detenidos figuran «individuos identificados como cabecillas» que presuntamente amenazaron con perturbar partidos de fútbol programados en Durban, la mayor ciudad de KwaZulu-Natal y la tercera del país, este sábado.
La comisionada nacional interino del SAPS, teniente general Puleng Dimpane, afirmó que la policía «no permitirá que las amenazas, la intimidación o las conductas ilícitas socaven la seguridad pública, perturben eventos deportivos o desestabilicen a las comunidades».
Dimpane añadió que la responsabilidad de la fuerza es «proteger vidas, salvaguardar la propiedad y defender el Estado de derecho» y que actuará de manera decisiva, profesional y dentro del marco legal contra cualquiera que amenace el orden público.
La Policía confirmó además el despliegue de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica en KwaZulu-Natal como parte de las «intervenciones de estabilización más amplias» realizadas en cooperación con el SAPS. También indicó que permanece «en alerta máxima en todas las provincias».
La comisionada dijo que la Constitución protege el derecho a reunirse, manifestarse y exponer reclamaciones de forma pacífica. Pero aclaró que ese derecho no ampara la intimidación, el saqueo, los daños intencionados a la propiedad, la violencia pública ni la obstrucción de actividades lícitas.
En Durban, presuntos ataques contra extranjeros, el incendio de dos casas y el saqueo de tiendas ocurrieron este viernes en un segundo día de manifestaciones violentas contra la inmigración irregular, con cientos de manifestantes que portaban palos y piedras. La Policía intervino con balas de goma y granadas aturdidoras para dispersarlos.
Asistentes a las marchas justificaron las acciones asegurando que en las viviendas incendiadas ciudadanos extranjeros realizaban actividades criminales. Las protestas siguieron a las registradas este jueves en Durban y Soweto, donde se incendiaron 24 vehículos. En Johannesburgo, la Policía dispersó con balas de goma a unos 300 manifestantes frente al Tribunal Constitucional; allí se quemaron neumáticos y un vehículo fue incendiado.
Los manifestantes rechazan una decisión adoptada el pasado julio por el alto tribunal que elimina barreras procesales para solicitar asilo, incluso para personas que entraron en el país de manera irregular, carecían de visados de tránsito para asilo o no cumplieron con los plazos de presentación. Aunque el Ministerio del Interior anunció este viernes la retirada de una directiva emitida el pasado 28 de septiembre para aplicar esa sentencia, los manifestantes sostienen que esa decisión no anula el fallo del Constitucional.
Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en los últimos años con decenas de muertos, especialmente en barrios vulnerables. Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.
Conviene mirar los incentivos. Cuando la protesta se convierte en violencia, el resultado no es solo más tensión social: también sube el costo para el Estado, para los contribuyentes y para el comercio local. La propiedad privada, el orden público y la libertad de circulación quedan atrapados entre la política migratoria, la frustración social y la respuesta coercitiva.
La historia sugiere cautela. Un país que deja crecer la intimidación pierde margen institucional y termina sustituyendo reglas por fuerza. Sudáfrica parece entrar otra vez en esa zona gris, donde el aparato estatal debe elegir entre tolerar la presión de la calle o imponer ley y seguridad. El dato importa más que el ruido.
