Un grupo bipartidista de senadores pidió a Donald Trump que retire su reciente acuerdo sobre el diésel con Rusia. El aviso sostiene que la medida podría ayudar a Vladimir Putin a financiar su guerra contra Ucrania y la califica de «un regalo para nuestro adversario y una traición a nuestros aliados».
La carta se refiere a la Licencia General No. 135 del Departamento del Tesoro, que levanta sanciones a las exportaciones rusas de diésel. Según los senadores, esa decisión «solo le proporciona a Putin más combustible para financiar su maquinaria de guerra» y permite a Rusia continuar sus ataques contra civiles ucranianos. También afirman que autorizar la venta libre de diésel ruso en los mercados globales daña los intereses de seguridad de Estados Unidos.
Entre los firmantes figuran los republicanos Thom Tillis, Mitch McConnell, Susan Collins, Alan Stuart Armstrong, Lisa Murkowski y John Cornyn, además de los demócratas Richard Blumenthal, Jeanne Shaheen, Dick Durbin, Sheldon Whitehouse, Jack Reed y Chris Coons. La carta también fue enviada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Estado, Marco Rubio.
Los senadores reconocen la necesidad urgente de bajar los costos de energía para las familias estadounidenses y de atender las perturbaciones causadas por la guerra con Irán. Pero sostienen que permitir la entrada de diésel de origen ruso en los mercados globales ofrecería «alivio limitado o nulo» a los estadounidenses y tendría un impacto «nulo o casi nulo» en los precios del combustible.
El argumento económico de la carta es directo: el costo recae sobre la seguridad, mientras que el beneficio para el consumidor sería marginal. Según los senadores, los ingresos que obtendría el Kremlin «sin duda» financiarían su guerra de desgaste y avanzarían su cooperación de seguridad con China, Irán y Corea del Norte. También advierten que la medida pondría en peligro a militares desplegados en el exterior en apoyo de la Operación Epic Fury.
Trump defendió el acuerdo y dijo que «el mercado mundial sufrió con precios altos». Esa justificación abre una tensión conocida en Washington: hasta qué punto una rebaja en la energía puede justificarse si para lograrla se afloja la presión sobre un régimen que sigue en guerra.
La disputa deja ver una fractura menos ideológica que práctica dentro del Partido Republicano. Conviene mirar los incentivos. Si la medida solo alivia marginalmente los precios, pero entrega más recursos a Moscú, el costo recae en la seguridad de Estados Unidos y en sus aliados. En ese cálculo, el contribuyente y el consumidor no parecen obtener una ganancia proporcional.
La lección es incómoda para la Casa Blanca: no toda rebaja aparente del costo energético es un beneficio neto. Cuando el aparato estatal afloja sanciones, lo que se gana en el surtidor puede perderse en orden internacional. Y ese intercambio, según sostienen los senadores, favorece al Kremlin más que a las familias estadounidenses.
