China dijo este martes que se opone a las sanciones «ilegales» impuestas por Estados Unidos contra aerolíneas iraníes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, afirmó en su conferencia de prensa diaria que Pekín «siempre se ha opuesto a las sanciones unilaterales ilegales».
Guo sostuvo además que esas medidas «carecen de fundamento en el Derecho Internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU». Su reacción llegó después de que el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijera que «todas» las compañías dejarán de funcionar a partir de este miércoles, 23 de septiembre.
Bessent fue más lejos en una entrevista con CNBC, donde aseguró que «absolutamente todas» las aerolíneas iraníes cerrarán sus operaciones «en todo el mundo». El Departamento del Tesoro sancionó a principios de septiembre a 36 entidades, incluidas 27 aerolíneas iraníes.
Según la versión del Tesoro, esas compañías ayudaban a trasladar armamento, personal y cargas que favorecen al «régimen» de Irán. La medida está encaminada a cortar las redes de financiación y la logística de la Guardia Revolucionaria iraní.
El cruce ocurre mientras Donald Trump recibirá el próximo jueves, 24 de septiembre, a su homólogo chino, Xi Jinping. Ese encuentro se producirá más de una década después de la última visita del mandatario chino a la Casa Blanca.
Conviene mirar los incentivos. Washington usa las sanciones como herramienta de presión financiera y Pekín responde denunciando su legalidad. Entre ambas posiciones, el comercio, la aviación y la diplomacia quedan atrapados en una lógica de represalias que suele encarecer los costos para terceros.
Para el lector, el punto central es otro: cuando el aparato estatal convierte el sistema financiero en un campo de batalla, las consecuencias se extienden más allá del objetivo inmediato. La coerción puede producir efectos rápidos, pero también endurece los choques entre potencias y reduce el espacio para acuerdos previsibles.
