El coronel Carlos Alberto Feria Buitrago fue retirado de la Policía Nacional de Colombia, después de que recibiera la notificación de retiro, mientras sigue abierta la investigación por el traslado y la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza.
Feria hacía parte del esquema de seguridad de Gustavo Petro cuando era presidente. Su salida ocurre en un expediente que se originó en enero de 2023, a raíz de la desaparición de un maletín con dinero en la vivienda de Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete de la Presidencia.
Según la investigación de la Fiscalía, el coronel habría ordenado a sus subordinados buscar el dinero, dispuesto recursos estatales para trasladar a Meza y coordinado la prueba. Por ese caso, el ente acusador le imputó peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.
El proceso también alcanzó al capitán Elkin Augusto Gómez y al intendente Jhon Alexander Sacristán. Además, las actuaciones han enfrentado discusiones sobre la jurisdicción competente, con el debate sobre si el caso debe tramitarse en la justicia ordinaria o en la Justicia Penal Militar y Policial.
Tras conocerse la noticia del retiro, Petro reaccionó en X y defendió a Feria. «Como a los aurelianos, persiguen a todas y todos quienes cuidaron de mi seguridad por órdenes de sus superiores. A eso se le llama Vendetta», escribió el exjefe de Estado.
La reacción no es aislada. El lunes 12 de octubre, Petro ya había expresado su rechazo ante el eventual regreso de la capitana Kelly Daniela Lozano a Colombia, en otro episodio relacionado con integrantes de la fuerza pública que estuvieron cerca de su entorno político y personal.
En paralelo, la investigación siguió sumando movimientos judiciales. En febrero de 2026 se realizaron nuevas diligencias contra Feria y las audiencias estuvieron marcadas por discusiones sobre el avance del expediente y los tiempos procesales.
La Fiscalía también imputó a Laura Sarabia por peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado. Según el ente acusador, habría excedido sus competencias y asumido facultades asignadas a otros funcionarios. Durante esa audiencia, el representante de la Fiscalía sostuvo que el protocolo «no podía extenderse a una empleada particular» y que, al direccionar al coronel Feria, Sarabia habría abusado de su cargo.
Conviene mirar los incentivos. Cuando recursos estatales, mandos policiales y procedimientos oficiales se usan para un asunto personal, el costo no es solo judicial: también es institucional. La Policía queda expuesta a una erosión de confianza que termina pagando el ciudadano común.
El dato importa más que el ruido político. Si la investigación confirma el uso indebido de recursos públicos, el caso no hablará de lealtades sino de límites. En una democracia funcional, el aparato estatal no puede convertirse en extensión de una red de protección particular.
