El coronel Carlos Feria fue retirado de la Policía Nacional, en medio del expediente que lo vincula con el escándalo del polígrafo a la niñera Marelbys Meza, quien trabajaba con Laura Sarabia, entonces mano derecha de Gustavo Petro.
La información fue revelada por El Tiempo. Feria había sido designado en agosto como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, una dependencia encargada de la formación del personal que presta servicios de protección a instalaciones, personas y misiones especiales de la institución.
De acuerdo con la nota, el exuniformado está imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal por ese episodio. Además, queda por definirse si su proceso sigue en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar.
Los hechos del polígrafo ocurrieron en enero de 2023, cuando se presentó un presunto hurto en el apartamento de Laura Sarabia. La Fiscalía reveló que todo ocurrió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje.
El ente acusador expuso que Sarabia envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, Andrés Parra, pero, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la exempleada. Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla.
Fue entonces cuando Sarabia contactó a Feria, entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la prueba del polígrafo a Meza, según la Fiscalía. Para el ente acusador, Feria habría tenido un papel clave en el caso y habría cometido abuso de funciones junto con sus subalternos, ya que el polígrafo no contó con orden judicial.
En 2024, Feria ya había sido acusado por los mismos hechos y delitos, pero el Tribunal Superior de Bogotá anuló esa acusación al considerar que no estaba definido si el caso debía ser asumido por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar. Superado ese vacío procesal, la Fiscalía reactivó la ofensiva judicial, aunque no se descarta que vuelvan a consultarse copias a la jurisdicción militar.
Además de este expediente, Feria también fue llamado a declarar dentro de la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida el 9 de junio de 2023, un episodio que sigue rodeado de interrogantes. Incluso durante la campaña, se le atribuye la organización de los esquemas de protección y existen registros fotográficos en los que aparece cubriendo con su cuerpo a Petro.
El dato importa más que el ruido: aquí no solo hay un funcionario retirado, sino una nueva señal de desgaste en el perímetro de seguridad del poder. Cuando un caso así avanza entre imputaciones, nulidades y dudas de jurisdicción, la pregunta de fondo no es partidista, sino institucional: quién responde cuando el aparato estatal se aparta de la ley.
Conviene mirar los incentivos. Si el entorno presidencial puede cruzar los límites de la legalidad sin consecuencias claras y rápidas, el mensaje para la burocracia es pernicioso. La confianza pública se erosiona, y con ella la idea básica de que la seguridad del Estado existe para proteger derechos, no para vulnerarlos.
