La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) pidió reconsiderar la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y a la Ley Federal del Derecho de Autor, al advertir que contiene ambigüedades que podrían erosionar la libertad de expresión en México.
En un comunicado, la organización dijo que las propuestas «abren la puerta a la censura previa, obstaculizan la creatividad basada en Inteligencia Artificial y vulneran derechos fundamentales». Añadió que el riesgo central está en la falta de precisión técnica y jurídica del texto, lo que deja un margen de interpretación desproporcionado para la autoridad judicial o administrativa.
La AIMX explicó que una de las iniciativas contempla una adición al artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con penas de 3 a 7 años de prisión y multas superiores al millón de pesos para quien utilice, reproduzca o imite a escala comercial la identidad gráfica, dominios o signos oficiales de dependencias de gobierno para inducir al error.
La otra reforma, conocida popularmente como la «Ley Antimemes», prevé sanciones de hasta 4.6 millones de pesos para los Proveedores de Servicios de Internet y plataformas digitales que omitan retirar contenidos modificados o alterados sin autorización previa. También obliga a implementar políticas de suspensión o terminación definitiva del servicio a usuarios catalogados como «infractores reincidentes».
El vicepresidente de Educación y Cultura de la AIMX, Enrique Ortega, dijo que en los hechos las plataformas digitales y las redes sociales se convertirían «en entes de supervisión obligatoria que, para evitar multas millonarias, optarán por remover preventivamente cualquier material satírico, de protesta o análisis crítico».
La asociación sostuvo además que proteger la propiedad intelectual es importante, pero que debe reconsiderarse el alcance de las modificaciones. «La libertad de expresión que hoy gozamos los mexicanos es el resultado de décadas de lucha democrática e incluso del sacrificio de vidas humanas», afirmó, y agregó que es obligación constitucional del Estado garantizar ese derecho, no constreñirlo mediante vacíos legales.
El dato importa más que el ruido. Si las sanciones económicas y las obligaciones de retiro recaen con fuerza sobre intermediarios digitales, el incentivo natural será borrar primero y discutir después. En ese terreno, el costo no lo asume solo la plataforma: también lo paga el usuario común, el creador de contenido y quien protesta sin recursos para litigar.
La discusión deja ver un problema más amplio del aparato regulatorio: cuando la ley usa fórmulas vagas, abre espacio para discrecionalidad y reduce la certeza que necesita la libre empresa para innovar. Si el país quiere proteger la propiedad intelectual, tendrá que hacerlo sin convertir a las plataformas en censores por miedo al castigo. Conviene mirar los incentivos: una norma mal calibrada puede terminar castigando precisamente la expresión que dice defender.
