La Seguridad Social española volvió a marcar un récord de afiliación extranjera en agosto. El sistema registró una media de 3.551.759 trabajadores extranjeros, 39.535 más que en julio y 482.490 más que hace un año, según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El crecimiento interanual fue del 15,72%, muy por encima del 3,1% del conjunto del sistema. En términos desestacionalizados, la cifra también alcanzó un máximo: 3.526.093 afiliados extranjeros, tras sumar 479.004 en los últimos doce meses.
La tendencia viene de lejos. Desde junio de 2022, el número de trabajadores de otros países ha aumentado en más de 1,2 millones. Según los datos facilitados por la Seguridad Social, el 50,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros.
El avance se aceleró en los primeros ocho meses del año, especialmente desde finales de abril, en paralelo al proceso extraordinario de regularización administrativa de personas extranjeras. A 31 de agosto, 337.917 personas extranjeras figuraban de alta en la Seguridad Social por esta vía, dentro de un mercado laboral que alcanza los 22,4 millones de ocupados.
De ellas, 269.627, el 79,8%, estaban encuadradas en el Régimen General, mientras que 16.912, un 5%, eran trabajadores autónomos. Por sexo, 203.418 eran hombres, el 60,2%, y 134.499 mujeres, el 39,8%. En el conjunto de la afiliación extranjera, las mujeres representan ya cerca del 43%.
Por nacionalidades, Marruecos lidera el ranking de países que más trabajadores aportan a la Seguridad Social española, con 407.350 afiliados. Le siguen Colombia, con 368.901, y Rumanía, con 336.681. El listado continúa con Venezuela, 248.550; Italia, 222.158; Perú, 140.467; China, 137.872, y Ucrania, 84.564.
En conjunto, alrededor del 27% de los afiliados extranjeros procede de países de la Unión Europea. Los trabajadores extranjeros representan el 15,9% del total de afiliados, aunque su presencia es mucho mayor en determinadas ramas de actividad.
En hostelería suponen el 33,6% del empleo; en agricultura, el 28,1%; en construcción, el 27%; en actividades administrativas, el 20,2%, y en transporte, el 18,5%. También tienen un peso elevado en el Sistema Especial del Hogar, donde representan el 47,6% de los afiliados, y en el Sistema Especial Agrario, con el 39,2%.
El dato más relevante para la economía real es que esa aportación ya no se limita a ocupaciones de baja cualificación. La Seguridad Social señala que el 86,8% de los trabajadores extranjeros cuenta con contrato indefinido, frente al 58,9% que se registraba de media entre 2017 y 2021, antes de la reforma laboral.
En paralelo, la temporalidad entre los extranjeros cae hasta el 14,1%, frente al 13,2% entre los trabajadores nacionales. La comparación no resuelve por sí sola el debate sobre el modelo laboral, pero sí dibuja una realidad clara: España sostiene buena parte de su dinamismo de empleo con una base extranjera cada vez más estable.
También crece el trabajo por cuenta propia. España cuenta ya con 537.660 autónomos extranjeros, un 10,3% más que hace un año. Su presencia se extiende incluso a actividades de mayor cualificación. En Telecomunicaciones y Programación Informática, los extranjeros representan ya el 33,5% de los autónomos, es decir, uno de cada tres trabajadores por cuenta propia.
Para el contribuyente, el dato importa más que el ruido. Una Seguridad Social que gana cotizantes respira; un mercado laboral que depende cada vez más de trabajadores extranjeros revela, al mismo tiempo, una economía que no puede permitirse expulsar talento ni obstaculizar la creación de empleo.
Conviene mirar los incentivos. Si el 50,9% del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a extranjeros, el mensaje para el aparato estatal es sencillo: la integración laboral y la seguridad jurídica pesan más que los eslóganes. El reto no es celebrar una cifra récord y pasar página, sino sostener instituciones que conviertan esa incorporación en productividad, estabilidad y crecimiento.
