La Procuraduría llamó a declarar a Eva Ferrer y a otras cinco personas en medio de las revelaciones sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Entre los citados, además de Ferrer, figuran Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.
La decisión fue adoptada mediante un auto conocido este martes 13 de octubre, en el que se ordena a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales practicar las pruebas para establecer los hechos denunciados en la publicación de SEMANA. La diligencia se da en el marco de una investigación que ya había sido abierta con base en otras publicaciones de la misma revista.
Las nuevas actuaciones surgieron a partir de una entrevista realizada por Vicky Dávila, en la que Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer y consejera presidencial para la Reconciliación, hizo graves señalamientos contra la ex primera dama. Ferrer sostuvo que en su antiguo círculo de confianza habría operado una red de intereses económicos, políticos y burocráticos.
En esa misma entrevista, Ferrer afirmó que inicialmente creyó que Alcocer estaba siendo utilizada por personas de su entorno, pero que después llegó a la conclusión de que ella también tendría intereses propios y participaría en esa estructura. Incluso calificó a Gustavo Petro como una pieza de esa estrategia.
Entre los señalamientos divulgados por Ferrer figura también la versión de que Manel Grau le contó que Alcocer habría regresado de Venezuela, en enero de 2023, con US$ 2,5 millones. Según el relato que dice haber recibido, una parte de ese dinero se destinaría a financiar la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama.
Ferrer añadió que recibió advertencias sobre supuestas actividades de tráfico de armas y estupefacientes atribuidas a personas cercanas a Alcocer. También mencionó a los italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino, y dijo que después de esas advertencias comenzó a temer por su seguridad y tuvo que permanecer escondida. Además, señaló presuntos traslados de drogas en maletas durante viajes a Venezuela.
Laura Sarabia respondió a esas versiones en Caracol Radio. La excanciller y exdirectora del Dapre pidió que las denuncias no se queden en entrevistas con los medios de comunicación y se presenten ante las autoridades. Sarabia afirmó que, durante el tiempo en que estuvo al frente del Dapre, no conoció ni presenció irregularidades que involucraran a Alcocer.
También sostuvo que no era la responsable de asignar cargos y que no es un delito tener conocidos en puestos públicos. Sobre el supuesto chantaje al presidente Gustavo Petro denunciado por Angie Rodríguez, Sarabia cuestionó que, si ella tenía conocimiento de los hechos, no hubiera acudido a las autoridades.
Petro, por su parte, respondió en X que nunca sintió algún tipo de chantaje de Sarabia. Dijo además que no ve razón para que existiera y que una persona que nunca trabajó en su oficina ni conocía personalmente a Sarabia no tendría base real para hacer esas afirmaciones.
Conviene mirar los incentivos. Cuando las denuncias viajan primero por entrevistas y después por los canales institucionales, el costo lo paga la credibilidad del Estado y la opacidad gana tiempo. Si hay pruebas, deben llegar a las autoridades; si no las hay, el ruido no debería sustituir el debido proceso.
También importa la señal para la administración pública. Un gobierno que deja prosperar sospechas sin verificación erosiona la confianza en sus instituciones y abre espacio para redes informales de influencia. La discusión de fondo no es quién gana la pelea mediática, sino si el aparato estatal puede distinguir entre acusación política y evidencia verificable.
