El presidente de BancoEstado, Mario Farren, endureció sus críticas contra la prohibición del anatocismo —el cobro de intereses sobre intereses acumulados— que la oposición logró incluir en la megarreforma financiera en tramitación y que cuenta con respaldo del Congreso chileno. El gobierno de José Antonio Kast anunció que vetará la norma.
Farren fue directo sobre quién paga el costo: los ahorrantes, no los deudores. «La premisa con la que se miran las instituciones siempre es sobre la base de los deudores», señaló en entrevista con T13 Radio, y advirtió que quienes depositan su dinero esperan recibirlo «reajustado debidamente».
El argumento técnico es preciso. Sin posibilidad de capitalizar intereses al vencimiento, las instituciones no podrían repactar deudas vencidas. El resultado, según Farren, sería uno solo: ejecutar a los deudores. La prohibición, paradójicamente, endurecería la situación de quienes supuestamente busca proteger.
Los instrumentos afectados, enumerados por el propio presidente del banco estatal, incluyen depósitos a plazo, cuentas de ahorro, fondos mutuos y las cuentas de los afiliados a las AFP. Para sostenerlos bajo la nueva norma, las entidades deberían, en palabras de Farren, realizar «una serie de contorsiones en los contratos» para remunerar ahorros y cobrar créditos simultáneamente, liquidando y relanzando operaciones en cada ciclo.
La comparación histórica que ofreció Farren no fue menor: hoy prohíben el anatocismo «unos pocos países con ley islámica». El mecanismo, recordó, fue inventado por los italianos cuando nació la banca en la Edad Media. Aplicar esa restricción en Chile, dijo, descartaría de plano cualquier aspiración de convertirse en centro financiero regional o internacional.
Farren extendió la crítica a otra norma presente en la megarreforma: el llamado «derecho al olvido», que obligaría a eliminar registros de deuda impaga o extinguida. A su juicio, la medida encarece el crédito para todos, dificulta el financiamiento de consumo y vivienda, y abre espacio a la informalidad y al crédito informal de alto costo.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el propio presidente de la institución financiera más grande del Estado chileno sale a advertir que una norma impulsada en el Congreso perjudica a los ahorrantes, eleva el costo del crédito y aleja la inversión, el debate deja de ser técnico para volverse político. La pregunta relevante no es si el anatocismo suena mal en campaña electoral —suena mal—, sino qué ocurre con los depósitos de millones de chilenos cuando el aparato legislativo prioriza el relato sobre los incentivos reales.
El dato importa más que el ruido. Chile ha construido durante décadas una reputación de seriedad financiera en América Latina. Introducir restricciones que el propio sistema bancario estatal describe como propias de marcos jurídicos islámicos medievales no es una señal de modernización: es una señal de riesgo regulatorio que los mercados de capital ya saben leer. El veto anunciado por Kast apunta en la dirección correcta; la pregunta es si llegará a tiempo y con suficiente firmeza.
