La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó los Pre-Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2027, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El documento establece el marco macroeconómico y fiscal que servirá de base para la elaboración del Paquete Económico del próximo año.
Los números centrales son los siguientes: los ingresos presupuestarios de la Federación se estiman en 22.2 puntos del PIB para 2027, frente a 23.2 puntos proyectados al cierre de 2026. La caída es atribuible en un 80% a Pemex: los ingresos petroleros descenderían de 3.1 a 2.3 puntos del PIB, una reducción de 0.8 puntos. La recaudación del público aportaría 0.2 puntos menos adicionales.
El gasto total estimado asciende a 10 billones 14.7 mil millones de pesos, equivalente a 25.2% del PIB nominal proyectado en 39.7 billones de pesos. Con ingresos de 22.2 puntos del PIB, el déficit esperado se sitúa en 3 puntos, lo que representaría una reducción de 1.5 puntos respecto al ejercicio previo.
Hacienda proyecta un crecimiento real de entre 1.8% y 2.8% para 2026, y de entre 1.9% y 2.9% para 2027. El documento atribuye el dinamismo esperado a la inversión en infraestructura —a través del «Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar» y el «Programa de Vivienda para el Bienestar»— y a «una reducción de la incertidumbre» que «contribuirá a mejorar la confianza del consumidor», según cita textual del documento. Uno de los párrafos menciona que «la economía recibirá un impulso adicional derivado de la celebración de la Copa Mundial de Futbol».
El documento también anuncia que «continuará el crecimiento de las actividades de refinación» y que Pemex «elevará su inversión productiva en 2026 a 425 mil millones de pesos». Según el análisis de Manuel Molano en El Financiero, estas referencias parecen orientadas al año 2026 más que al 2027 que los precriterios deben proyectar.
En materia de deuda, la SHCP cita datos propios y del Fondo Monetario Internacional al año 2025, señalando que México mantuvo un balance primario negativo «apenas perceptible» y una deuda pública neta por debajo de 60% del PIB. El informe califica la posición fiscal como «relativamente favorable» frente a economías avanzadas y emergentes comparables.
El documento reconoce fuentes de volatilidad externa: conflictos geopolíticos, disrupciones en rutas de comercio global y cambios en la política comercial de Estados Unidos «en un contexto marcado por la revisión del TMEC».
Conviene mirar los incentivos. El gasto proyectado sigue por encima de lo que los ingresos tributarios pueden financiar sin recurrir a deuda, y la reducción del déficit descansa en gran medida en una caída de los ingresos petroleros que el propio documento reconoce como inevitable, no como resultado de una consolidación estructural del lado del gasto. Los supuestos de crecimiento —entre 1.9% y 2.9% para 2027— lucen generosos frente al desempeño reciente de la economía, y la ausencia de una explicación detallada sobre los precios de transferencia entre Pemex, sus subsidiarias y la CFE deja sin responder preguntas clave sobre el destino de la renta petrolera.
El dato importa más que el ruido. La credibilidad del ajuste fiscal ante mercados y calificadoras no se juega en las proyecciones de la portada, sino en la consistencia entre los supuestos macroeconómicos y la trayectoria real de una economía que aún no ha despejado sus choques de 2025. Un déficit de 3 puntos del PIB no es catastrófico, pero tampoco es holgura: es el margen mínimo que el aparato estatal se ha concedido a sí mismo, y cualquier desviación de los supuestos de crecimiento o del precio del crudo lo erosionaría con rapidez.
