El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) denunció este viernes un plan del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, que contempla la salida progresiva de población palestina de la Franja de Gaza. Según Hamas, la iniciativa confirma que Israel «no ha renunciado a sus intenciones de expansión y control», sino que busca promoverlas de forma estratégica para «favorecer sus intereses políticos y electorales».
El portavoz de Hamas, Hazem Qasem, sostuvo en un comunicado que las acciones de «ocupación» en Gaza, el endurecimiento del bloqueo del enclave y las políticas de «matar de hambre y sed a la población», junto con la obstrucción de la reconstrucción de la Franja, están orientadas a «implementar planes de desplazamiento». Qasem llamó a los países árabes e islámicos a tomar «medidas serias» frente a lo que calificó de «amenaza directa» para la causa palestina y para la seguridad regional, según recogió el diario Filastin, afín a la milicia palestina.
El plan, denominado Desconexión 710 —en referencia tanto a la retirada israelí de Gaza en 2005 como a los ataques del 7 de octubre de 2023—, prevé fomentar la «migración voluntaria» de 250.000 gazatíes durante el primer año. La cifra escalaría a 1,11 millones en tres años y hasta 1,86 millones en siete, de acuerdo con el esquema difundido.
Ben Gvir ha defendido que no se trata de una «expulsión forzosa» de la población, sino de una estrategia para ofrecer a los residentes del enclave la opción de emigrar a países receptores con estatus legal, apoyo económico y planes de integración. La propuesta incluye coberturas de vivienda, sistemas sanitarios, educación y empleo durante los primeros dos años para los solicitantes, además de pagos a los países de acogida en función del número de gazatíes que reciban.
El diseño del plan plantea, en los hechos, un esquema de incentivos financieros dirigidos tanto a los potenciales migrantes como a los gobiernos dispuestos a recibirlos. Conviene mirar los incentivos: la arquitectura de pagos condicionados al número de personas acogidas revela que el plan depende, en última instancia, de la voluntad de terceros países —hoy no identificados públicamente— para sostenerse en la práctica.
La denuncia de Hamas se produce en un contexto de bloqueo prolongado y reconstrucción estancada en la Franja, factores que la organización atribuye directamente a Israel. Continente no puede verificar de forma independiente esas acusaciones, que corresponden a la voz de una parte del conflicto; se consignan aquí como lo que son, un señalamiento de Hamas recogido por un medio afín a esa organización.
El uso del término «migración voluntaria» por parte de Ben Gvir contrasta con la lectura que hace Hamas del mismo esquema, al que califica de desplazamiento encubierto. La distancia entre ambas narrativas no es menor: de un lado, un funcionario israelí que enmarca la salida de población como una opción con garantías legales y económicas; del otro, una organización que gobierna de facto en Gaza y que interpreta cualquier salida masiva como parte de un proyecto de control territorial de largo plazo.
El dato importa más que el ruido retórico. Lo verificable es la existencia de un plan con metas numéricas concretas —250.000, 1,11 millones, 1,86 millones— y un mecanismo de pagos a países receptores. Lo que aún no existe, según lo que muestran las fuentes disponibles, es una lista pública de gobiernos dispuestos a participar, ni un marco legal internacional que respalde la iniciativa.
La historia sugiere cautela ante planes de reordenamiento poblacional anunciados unilateralmente por una de las partes en conflicto, sin garantías verificables de que los desplazamientos sean efectivamente voluntarios ni de que los derechos de propiedad y retorno de los afectados queden resguardados. El desenlace de esta propuesta dependerá menos de su diseño técnico que de si algún Estado, dentro o fuera de la región, decide efectivamente hacerse cargo de su implementación.
