Las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces de la Corte Suprema y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, antes de una marcha contra el máximo tribunal.
Repudiaron el fallo judicial que dejó vigente la derogación de la ley de tierras y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social, un grupo de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones en una conferencia de prensa callejera. La actividad estuvo custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y no cortó el tránsito.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dijo que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son «tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina». También llamó a «marchar al Poder Judicial» y a repetir la movilización el día 15 al Congreso, cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei.
Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, sostuvo que la convocatoria tenía «un objetivo de clase muy claro». También repudió el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y la elevación a juicio de los compañeros de Fate.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. Sánchez afirmó que hace tres meses que no cobran quienes percibían ese programa.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. Ingrid Manfred, secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, denunció el «desmantelamiento de las políticas públicas», «3000 despedidos en el ministerio» y «persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados».
Belliboni cerró la conferencia de prensa con una frase que resume el choque de fondo: el Ministerio de Capital Humano, dijo, «no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano».
Conviene mirar los incentivos. El conflicto vuelve a mostrar una constante del ajuste estatal: cada recorte o rediseño de un programa social desplaza el costo hacia la calle, los tribunales y el sistema político. El Gobierno busca reemplazar transferencia directa por capacitación; los piqueteros leen ahí una pérdida de ingresos y de poder de negociación.
La otra dimensión es institucional. Cuando una disputa por la asistencia pública termina frente a la Corte y al Congreso, el debate deja de ser solo social y se convierte en una prueba sobre el alcance del Estado, el peso del Poder Judicial y quién define las reglas sobre tierra, trabajo y gasto público. El dato importa más que el ruido: en el centro de la escena sigue estando el dinero de los contribuyentes y la capacidad del aparato estatal para ordenar sus prioridades sin desatar una nueva ronda de conflicto.
