La historia tiene una ironía particular para los regímenes de izquierda que sobreviven: terminan estudiando a Deng Xiaoping, no a Marx.
En los últimos meses, ante la presión de la administración Trump y las dificultades económicas acumuladas, élites políticas de Venezuela y Cuba han anunciado, en términos generales, la apertura de espacios al sector privado a través de pequeñas y medianas empresas. El objetivo declarado es estimular nuevas dinámicas de mercado. El objetivo no declarado, según el análisis publicado en La Prensa, es conservar el monopolio político a toda costa y evitar una glásnost que desencadene una crisis del régimen.
El modelo de referencia es conocido: China y Vietnam observaron la desintegración soviética como una advertencia, no como un ejemplo. Gorbachov abrió simultáneamente la economía y la política; el resultado fue la disolución de la URSS en 1991. Beijing y Hanói extrajeron la lección opuesta: reformas económicas profundas —inversión privada limitada, mercados competitivos, exportaciones, creación de riqueza privada—, pero partido único, control de medios, supervisión de organizaciones sociales y restricciones a la oposición. Lo que la politología llama autoritarismo de mercado o capitalismo de Estado autoritario.
La pregunta que plantea el análisis es directa: ¿puede existir una economía relativamente abierta bajo un régimen políticamente cerrado? China, Vietnam y Singapur sugieren que sí, al menos durante períodos prolongados, siempre que el Estado sea capaz de generar bienestar suficiente para producir legitimidad sin elecciones competitivas.
El problema es que Venezuela y Cuba no parten de las mismas condiciones. Cuba enfrenta un mercado interno pequeño, escasa inversión extranjera, envejecimiento poblacional y emigración masiva. Venezuela, por su parte, no construyó durante el auge chavista un programa de reformas institucionales comparable al de Deng Xiaoping. Lo que hubo fue una adaptación pragmática: dolarización informal, mayor tolerancia hacia negocios privados y menos controles, sin transformación estructural del poder. Una liberalización económica defensiva, en palabras del análisis: se abre la economía para aliviar la crisis, pero sin alterar la arquitectura política.
El caso de México bajo Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) ofrece un contrapunto incómodo para quienes confían en que la apertura económica puede coexistir indefinidamente con el cierre político: aquella combinación terminó por colapsar, y la democratización avanzó hasta la alternancia presidencial de 2000, poniendo fin a la hegemonía del PRI.
El factor que más preocupa a estos regímenes, según el análisis, es el tiempo. Las reformas incipientes tienen en el tiempo a su principal enemigo, y las oposiciones sociales y políticas buscarán aprovechar cada grieta para ampliar libertades.
Conviene mirar los incentivos. Lo que Caracas y La Habana ofrecen hoy no es una apuesta ideológica por el libre mercado, sino una maniobra de supervivencia política: abrir lo suficiente para aliviar la presión externa y la crisis interna, sin ceder un centímetro del control sobre las instituciones, los medios y la oposición. Es el cálculo de quien juega a ganar tiempo, no a transformar un modelo.
El dato importa más que el ruido: ni Venezuela tiene el músculo institucional de China en 1978, ni Cuba dispone del mercado interno que hizo viable el despegue vietnamita. La historia sugiere cautela ante reformas que nacen de la desesperación y no del diseño. Para los ciudadanos de ambos países, que llevan décadas pagando el costo de esos experimentos con su libertad y su bolsillo, el margen de error ya es demasiado estrecho.
