Gerardo Fernández Noroña volvió a referirse a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, y sostuvo que podría ir a la cárcel si no entrega sus celulares para colaborar con la investigación por el asesinato de Carlos Manzo.
El senador de Morena afirmó que Quiroz se ha negado a entregar los teléfonos por cuidar la intimidad de Manzo, asesinado el 1 de noviembre del año pasado en un ataque armado en el que, según la fuente, colaboró al menos una persona de su gestión como alcalde de Uruapan.
Noroña dijo que hay pruebas en los aparatos y reprochó que los celulares hayan sido usados hace poco. También afirmó que, si no los entrega, obstruye la justicia. La discusión se dio después de que Quiroz dijera estar dispuesta a ir a la cárcel.
En paralelo, el senador cuestionó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán por haber dejado correr demasiado tiempo en el caso. Señaló además que durante la gestión de Carlos Torres Piña —que, según la fuente, se perfila como candidato de Morena para gobernador del estado— la investigación no avanzó con la celeridad necesaria.
Noroña insistió en que pedir justicia en el caso de Carlos Manzo es un reclamo legítimo del pueblo. También criticó la reacción de su propio bloque al decir: «parecemos la burla, ni parecemos mayoría».
La parte política del asunto importa tanto como la judicial. Cuando una investigación se prolonga, el espacio para la especulación crece y la autoridad pierde capacidad de ordenar el debate público. Conviene mirar los incentivos: la demora castiga la confianza en las instituciones y abre la puerta a que cada actor convierta el caso en una plataforma de presión.
Para un país donde la seguridad y el estado de derecho son bienes escasos, el daño no es menor. La justicia lenta no solo frustra a las víctimas; también erosiona el principio básico de que la ley debe actuar con rapidez, claridad y debido proceso. Si el aparato estatal no resuelve, otros llenan el vacío con acusaciones, cálculo político y ruido.
