Veinte miembros del Cuerpo de Servicio Juvenil Nacional de Nigeria fueron liberados este miércoles, después de permanecer siete días secuestrados en el sur del país, informó la Policía.
Los jóvenes viajaban en dos autobuses desde el estado de Oyo hacia sus campamentos de orientación en el estado de Abia cuando fueron atacados por hombres armados el pasado 1 de octubre en la carretera Owerri-Onitsha, cerca de Umunoha. Las fuerzas de seguridad dijeron que el rescate se produjo en la localidad de Amakohia Ubi, en el estado de Imo, tras «continuas operaciones de búsqueda».
El portavoz policial Ani Iniedu señaló que las víctimas fueron «trasladadas para recibir una evaluación médica y la atención necesaria». También fueron ingresadas en un hospital del Departamento de Servicios del Estado, en Owerri, donde continúan bajo tratamiento médico.
Las autoridades no han explicado por ahora cómo se produjo la liberación ni si hubo detenciones o pago de rescate. Según medios locales, los secuestradores exigieron inicialmente 50 millones de nairas por cada víctima, cantidad que luego redujeron a cinco millones.
Las fuerzas de seguridad desplegaron una operación de búsqueda y localizaron mediante drones el supuesto escondite de los secuestradores, aunque no pudieron acceder de inmediato por la presencia de «artefactos explosivos improvisados». El gobernador de Imo, Hope Uzodimma, agradeció la actuación de las fuerzas de seguridad y sostuvo que los detalles se mantuvieron en secreto para no poner en peligro a las víctimas.
Nigeria sufre secuestros frecuentes a cambio de rescates, cometidos por bandas criminales, especialmente en el norte y centro del país, aunque también se registran en estados del sur. Conviene mirar los incentivos: mientras el secuestro siga siendo una herramienta rentable para los criminales, la economía nigeriana seguirá pagando una prima por riesgo que no aparece en los balances, pero sí en la vida cotidiana.
El dato importa más que el ruido. Cada caso como este erosiona la confianza en las instituciones y encarece la movilidad, la educación y la actividad económica. Cuando el Estado no garantiza seguridad básica, el costo acaba recayendo sobre los ciudadanos, las familias y la libre empresa, que operan bajo una incertidumbre que ningún mercado puede absorber indefinidamente.
La historia sugiere cautela. Rescatar a veinte jóvenes es una buena noticia; desmantelar la lógica del secuestro es otra tarea muy distinta. Mientras la respuesta pública no reduzca de forma sostenida la impunidad y la capacidad operativa de estas bandas, Nigeria seguirá mostrando que la seguridad no es un asunto accesorio, sino una condición previa para el orden y el desarrollo.
