El régimen de Daniel Ortega escaló esta semana su confrontación con el mundo democrático: Nicaragua notificó al Gobierno italiano su intención de romper las relaciones diplomáticas después de que el canciller Antonio Tajani reiterara la solicitud de extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas refugiado en el país centroamericano desde 1983.
Tajani hizo el anuncio el miércoles en Madrid, durante una reunión del Partido Popular Europeo, al evocar la figura de Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana asesinado por las Brigadas Rojas en 1978. El canciller denunció que Managua «sigue dando refugio y protección a Casimirri, uno de los responsables del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano», según comunicó el ministerio de Exteriores italiano.
Casimirri, de 74 años, acumula seis condenas a cadena perpetua dictadas por la justicia italiana. Según esa misma justicia, formó parte del comando que atacó la escolta de Moro en la vía Fani, donde murieron cinco agentes, y fue condenado además por otros asesinatos cometidos por la organización. Huyó de Italia a comienzos de los años ochenta, obtuvo la nacionalidad nicaragüense y ha desarrollado desde entonces una actividad empresarial en el sector de la restauración.
El Gobierno italiano había presentado solicitudes formales de extradición que Managua se ha negado a atender. Tajani fue explícito: «El Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos». La respuesta de Nicaragua fue la notificación de ruptura diplomática.
La secuencia es reveladora. Un gobierno democrático reclama, por vías legales y diplomáticas, la entrega de un individuo condenado en firme por crímenes de lesa humanidad. El Estado que lo alberga no argumenta inocencia ni cuestiona el proceso judicial: simplemente amenaza con cortar relaciones. Es la lógica del chantaje convertida en política exterior.
Conviene mirar los incentivos. Nicaragua no obtiene ningún beneficio económico o estratégico significativo de proteger a Casimirri. Lo que obtiene es algo más valioso para un régimen autoritario: la demostración de que puede desafiar al orden democrático internacional sin coste inmediato. Cada vez que un Estado de derecho cede ante esa presión, o simplemente la absorbe sin consecuencias para el infractor, el precio de la impunidad baja un escalón más. El dato importa más que el ruido: Italia mantiene su posición; la pregunta es si la Unión Europea respaldará a uno de sus miembros con algo más que declaraciones en una cumbre.
