La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que los militares y oficiales de inteligencia que participaron en el documental «NAZA» serán investigados y procesados por «delitos graves contra la seguridad de Israel».
La pieza ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia y reúne declaraciones anónimas de 24 fuentes del Ejército y agencias de inteligencia. Esas fuentes describieron cómo, durante la guerra en Gaza, se tomaron de forma sistemática decisiones sabiendo que implicarían la muerte de civiles.
De acuerdo con el comunicado del despacho de Netanyahu, «la película construye una narrativa falsa, engañosa y sesgada que difama al Estado de Israel y a las FDI a nivel mundial, y que perjudica gravemente la imagen de Israel».
La reacción no se limita al terreno judicial. Los periodistas y realizadores Yuval Abraham y Rachel Szor también han sido blanco de ataques, entre ellos planes y amenazas de revocarles la ciudadanía israelí, que ambos tienen por nacimiento. Simpatizantes de Netanyahu se reunieron frente a la casa de los padres de Szor en Savyon, donde dejaron pintas de «muerte a los traidores» y prometieron perseguirla a ella y a Abraham cuando regresen a Israel.
El documental se apoya en testimonios que ya habían aparecido en la revista israelí-palestina +972 y en el diario británico The Guardian, que es productor de la película. Según esas fuentes, se planificó y aprobó el bombardeo de viviendas palestinas donde se sospechaba que vivían milicianos de Hamas, incluso cuando se esperaba que el señalado regresara a dormir y su familia permaneciera dentro.
«NAZA» también revela la aplicación de un método de perfilamiento basado en inteligencia artificial para determinar si una persona era miliciana o no a partir del registro de los números a los que llamaba. El propio material citado en la fuente señala un margen de error de 15%, lo que implica que al menos uno de cada 10 señalados podía ser inocente.
La oficina de Netanyahu sostiene que su preocupación se centra en la divulgación de información de alto secreto y en una posible brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad. El mismo boletín agrega que las fuentes podrían haber incurrido en «difamación penal y perjuicio a los intereses diplomáticos» del país.
Netanyahu instruyó al jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini; y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, para que procedan con las acciones solicitadas. A Shin Bet se le encomendó actuar «con urgencia para descubrir la identidad de todos los implicados o que aparecen en la película de difamación».
El episodio recuerda el choque previo entre Netanyahu y la exfiscal general militar Yifat Tomer-Yerushalmi, quien reconoció haber filtrado videos clasificados sobre una grave agresión sexual contra un prisionero palestino en un centro de detención. Luego fue brevemente arrestada, dimitió y durante el proceso en su contra intentó suicidarse.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el Estado convierte la revelación de hechos incómodos en un problema de seguridad antes que en un debate de fondo, el mensaje para cualquier institución es claro: proteger la imagen pesa más que aclarar responsabilidades. Eso erosiona la confianza pública y debilita el principio de rendición de cuentas.
También queda una advertencia más amplia para las democracias con conflicto armado. Si las revelaciones sobre decisiones militares terminan tratándose como una afrenta intolerable al aparato estatal, la frontera entre seguridad nacional y blindaje político se vuelve demasiado fina. El dato importa más que el ruido, y aquí el dato central es que las fuentes describen prácticas graves en plena guerra, mientras el poder responde apuntando primero a quienes hablaron.
