La campaña de 2027 ya comenzó. No en los calendarios oficiales, sino en las bardas, los espectaculares y las giras que se multiplican por todo el país disfrazadas de asambleas, informes o recorridos territoriales. El detonador, según el analista Edmundo Jacobo en El Financiero, fue el registro de aspirantes de Morena a las 17 gubernaturas en disputa; la onda expansiva alcanzó presidencias municipales, diputaciones federales y congresos locales.
Morena marca el ritmo porque gobierna, concentra los reflectores y, según Jacobo, «dispone de recursos públicos y de una estructura política que ha reforzado al amparo de los mismos». Pero la responsabilidad no es exclusiva del partido en el poder. Los partidos de oposición, temerosos de conceder ventaja, han optado por imitar aquello que denuncian: si el adversario viola los tiempos y la autoridad no actúa, nadie quiere llegar tarde.
El resultado es una carrera en la que la ilegalidad se convierte en incentivo colectivo. Cada transgresión justifica la siguiente, y la norma deja de ser límite para convertirse en obstáculo que todos buscan rodear. La equidad electoral no se rompe únicamente por la diferencia de recursos, sino por la certeza generalizada de que incumplir sale más barato que respetar.
El problema más grave, apunta Jacobo, no está solo en los partidos. Está en el INE y los organismos locales, que parecen resignarse a levantar actas cuando el daño ya está hecho. Una autoridad que tolera hoy propaganda encubierta y promoción personalizada tendrá menos fuerza para exigir mañana el cumplimiento de topes de gasto o para fiscalizar campañas. La legitimidad electoral no se pierde de golpe; se cede cada vez que la autoridad renuncia a ejercerla.
El Tribunal Electoral carga también con su parte: interpretaciones excesivamente flexibles han abierto, según el analista, «un portón por el que ahora pretenden pasar todos». Cuando cada mitin puede llamarse «encuentro ciudadano» y cada aspirante «coordinador de alguna causa», la ley permanece escrita pero queda vaciada de contenido.
Mientras la contienda se adelanta, el debate público se empobrece. En lugar de diagnósticos sobre inseguridad, servicios públicos, crecimiento económico o estado de derecho, se instala una competencia de popularidad: fotografías, porras, promesas y dádivas en lugar de propuestas viables y evaluables.
La contradicción es de fondo: quienes aspiran a gobernar protestarán cumplir y hacer cumplir la Constitución. La pregunta que formula Jacobo es incómoda pero pertinente: ¿con qué autoridad podrán exigir respeto a la ley si su camino al poder comenzó pisoteándola?
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Conviene mirar los incentivos. El proceso que describe Jacobo no es una anomalía: es la consecuencia lógica de un sistema en el que el costo de violar las reglas electorales es sistemáticamente inferior al beneficio de hacerlo. Mientras el aparato estatal en manos del partido gobernante amplifica la ventaja de quien ya gobierna, y mientras la autoridad electoral se limita a documentar el atropello en lugar de impedirlo, la democracia mexicana no enfrenta un problema de normas —las normas existen— sino de voluntad institucional para aplicarlas.
El dato importa más que el ruido: una elección que comienza burlando las reglas de acceso al cargo difícilmente podrá ofrecer legitimidad al resultado. Para los ciudadanos que valoran el estado de derecho y la libre competencia política, la pregunta de 2027 no es quién gana, sino si las instituciones habrán recuperado suficiente credibilidad como para que el resultado importe.
