ROMA.- Giorgia Meloni anunció este domingo que su gobierno llevará al Consejo de Ministros un decreto para prohibir el burka y el niqab en las escuelas, exigir que los padres de estudiantes extranjeros con graves problemas de inserción escolar aprendan italiano y fijar un número máximo de alumnos extranjeros por aula.
La primera ministra hizo el anuncio durante la fiesta nacional de la juventud de Hermanos de Italia, su partido, en un contexto de campaña anticipada. Italia celebrará elecciones el año que viene y, según las fuentes consultadas, el clima político ya es tenso por la búsqueda de reelección de Meloni y el ascenso de Futuro Nacional, el partido del exgeneral Roberto Vannacci.
Meloni justificó la prohibición del velo islámico en la escuela afirmando que «vas al colegio con la cara descubierta» y que «la igualdad entre hombres y mujeres es innegociable». También sostuvo que no puede ocurrir que en una clase italiana los niños italianos se sientan arrinconados por ser minoría.
Sobre el límite por aula, Meloni dijo que si en una clase hay un solo niño que no entiende italiano, probablemente podrá integrarse rápidamente con ayuda de sus compañeros y profesores. Pero si el número de niños que no entienden el idioma crece hasta convertirse en mayoría, «eso ya no es integración; es abandono».
La medida llega cuando el debate migratorio y escolar ya estaba cargado. Meloni había anunciado unos días antes la abolición de un impuesto de circulación para autos pequeños, una decisión que las fuentes describen como claramente electoral y orientada a recuperar votantes de derecha frustrados por una economía estancada. Conviene mirar los incentivos.
Los datos citados por las fuentes no muestran una emergencia evidente en las aulas. Un medio italiano destacó que hay poco más de 900.000 alumnos extranjeros, el 11,6% del total. Otra fuente citó cifras oficiales del Ministerio de Educación y Mérito de Italia para 2022 y 2023: 914.860 alumnos con ciudadanía no italiana, equivalentes al 11,2% de 8.158.138 estudiantes matriculados en primaria y secundaria.
Esos mismos datos indican que 598.745 de esos estudiantes, el 65,4%, nacieron en Italia. Solo 316.115, el 3,9% del total de matriculados, habrían nacido en el extranjero. La discusión, por tanto, no gira solo en torno al número, sino a la distribución territorial y a la capacidad del aparato estatal para integrar sin degradar la calidad educativa.
La oposición de centroizquierda cargó contra Meloni por entender que su propuesta es propaganda electoral. Riccardo Magi, de +Europa, dijo que el techo ya existe pero es imposible de aplicar en la práctica y preguntó qué ocurriría en las escuelas sin niños de origen italiano. Angelo Bonelli, de la Alianza Verdes e Izquierda, afirmó que al gobierno no le faltan consignas, sino fondos para la escuela pública, y advirtió sobre una generación olvidada si se excluye a estos alumnos.
Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores, sostuvo que los centros deben admitir a los niños del vecindario y recordó que una circular con un límite del 30% ya no pudo adaptarse en muchos casos. Admitió, además, que si se aprueba una ley, todavía no existe una solución técnica clara.
La política educativa tiene aquí una tensión de fondo: o el Estado ordena con reglas practicables y recursos suficientes, o usa la escuela como teatro identitario. Lo primero exige gestión; lo segundo ofrece rédito inmediato.
Para una derecha en campaña, el mensaje es claro: seguridad, integración y disciplina del aula son temas que movilizan. Pero si la ley se convierte en un símbolo sin implementación, el costo lo pagarán las familias, los docentes y los propios estudiantes. La historia sugiere cautela.
